LOS FISCALES DE CATAMARCA EN LA MIRA DE CATAMARCA EN CANA

Fiscalías en Catamarca: datos oficiales muestran contrastes en el desempeño del Ministerio Público

Por Redacción de Catamarca EnCana 

Desde Catamarca EnCana  accedimos a información pública sobre el desempeño de las fiscalías penales de Catamarca durante el primer semestre de 2025. Los datos —que detallan la cantidad de causas resueltas por cada unidad fiscal— revelan un escenario heterogéneo y, en varios casos, contradictorio: alto volumen no siempre significa efectividad, y baja resolución no necesariamente implica inacción, pero sí exige explicaciones.

Un sistema fragmentado y rendimientos desiguales
Los números muestran rendimientos dispares entre fiscales de una misma jurisdicción e incluso dentro de unidades especializadas. Mientras algunos fiscales cierran expedientes con regularidad, otros, con menor volumen, se enfrentan a causas cuya complejidad no puede medirse solo en cifras. Sin embargo, en un sistema donde la celeridad y la justicia efectiva son exigencias sociales, la baja productividad no puede quedar fuera del análisis público.

Felsztyna, el que más resuelve, ¿pero con qué tipo de causas?
El fiscal Jonathan Felsztyna aparece como el que mayor cantidad de causas ha resuelto en este primer semestre. Si bien el dato es objetivo, no se informa en este reporte qué tipo de causas son ni su nivel de dificultad. Es decir, alto rendimiento en números, pero sin claridad aún sobre la calidad o complejidad de esas resoluciones. La duda queda abierta: ¿se trata de causas menores o de expedientes estructuralmente complejos?

Hugo Costilla, bajo en cifras, alto en tensión
En el otro extremo, el fiscal Hugo Costilla figura con uno de los desempeños más bajos en términos de causas resueltas. No obstante, está a cargo de expedientes de gran peso judicial y político: las llamadas "causas rojas" y múltiples estafas complejas, muchas de ellas de alto perfil público. Su escaso número de resoluciones debería leerse dentro de ese contexto, aunque eso no lo exime de rendir cuentas sobre los tiempos procesales y avances concretos en las investigaciones.

Fiscalías especializadas: trabajo invisible, pero necesario
La Unidad de Violencia de Género y Niñez, dirigida por la doctora Antonino, enfrenta una problemática judicial que rara vez se traduce en cierres formales de causas. Muchas veces las intervenciones se limitan a medidas urgentes y cautelares, como restricciones de acercamiento o asistencia inmediata a víctimas, lo cual no se refleja adecuadamente en los registros de causas resueltas.

Por otro lado, la fiscal Jessica Miranda presenta un desempeño correcto, con buena carga de trabajo, aunque sin desmarcarse ni por volumen ni por tipo de causas. Maneja casos delicados y exige, como todos sus colegas, una revisión crítica sobre su eficiencia y resultados.

Las fiscalías de Penal Juvenil, con menos causas por naturaleza, también quedan fuera de un análisis estadístico directo, aunque eso no impide cuestionar su operatividad, tiempos de respuesta y efectividad a la hora de intervenir en situaciones que involucran a menores en conflicto con la ley.

Reorganización fiscal, sin resultados claros
Actualmente, el Ministerio Público Fiscal funciona bajo un esquema de circunscripciones judiciales, con dos fiscales titulares por unidad. El sistema reemplazó el modelo de turnos rotativos, pero no ha demostrado aún ser más eficiente. La falta de seguimiento público sobre cómo se distribuyen los expedientes y cuáles son los criterios de asignación impide saber si el nuevo modelo está cumpliendo su objetivo.

Un anexo próximo detallará la distribución de las fiscalías en capital e interior, información clave para evaluar si hay desequilibrios territoriales que afecten el acceso a la justicia.

La situación en el interior:

 un sistema sobrecargado que también condiciona a jueces y fiscales
El funcionamiento de las fiscalías del interior no puede analizarse de forma aislada del contexto de precariedad estructural en el que operan. Una muestra clara de esa situación se evidenció recientemente en el jury de enjuiciamiento contra el juez Aybar, de la jurisdicción de Belen

Aunque el proceso no involucró directamente a un fiscal, el caso se transformó en un símbolo de las dificultades del sistema judicial en el interior de Catamarca. Al juez Aybar se lo acusó de mora judicial reiterada, con casi 400 causas acumuladas sin resolución. La acusación apuntaba a una presunta negligencia en el cumplimiento de sus funciones, pero el resultado del jury fue revelador: no se lo encontró culpable.

El veredicto no solo lo absolvió, sino que expuso con crudeza las limitaciones estructurales del sistema judicial en el interior. Falta de personal, escasos recursos materiales, sobrecarga de trabajo y una distribución desigual de medios técnicos e institucionales fueron algunos de los factores señalados como causales de una ineficiencia sistémica, no individual.

Este caso sirve para entender que la mora judicial no siempre responde a desidia o falta de compromiso profesional, sino que muchas veces es consecuencia directa de un Estado ausente en el fortalecimiento del sistema de justicia en zonas alejadas de la capital.

Precariedad estructural y causas que se eternizan: una justicia que no responde

El análisis del desempeño judicial en el interior de la provincia no puede completarse sin detenerse en un problema estructural que atraviesa todo el sistema judicial de Catamarca: la falta de recursos humanos y materiales, la saturación de causas y la fragilidad institucional.

Uno de los grandes factores que alimenta la mora judicial en el interior son los homicidios culposos, causas que en muchos casos llevan años sin resolución. Existen expedientes sin avances significativos desde 2018, con víctimas y familiares que todavía esperan respuestas básicas por parte del Estado.

Otro punto crítico es el conflicto por tierras e inmuebles, en especial las usurpaciones, que se han convertido en una muestra evidente de lo débil y expuesta que está la justicia a la hora de proteger el derecho a la propiedad privada. Uno de los casos más recientes dejó al descubierto no solo la lentitud procesal, sino también la incapacidad del sistema judicial de actuar con firmeza ante situaciones que afectan directamente al ciudadano común.

Estos ejemplos no solo representan deudas pendientes, sino que ponen en tela de juicio la legitimidad del sistema judicial en ciertas zonas de la provincia, donde su actuación no es solo deficiente, sino prácticamente inexistente frente a delitos que afectan derechos fundamentales.

La justicia, en estos casos, no solo está atrasada: está frágil, cuestionada y, en muchos aspectos, desbordada.

Una justicia que sigue en deuda
El informe al que accedimos desde Catamarca EnCana (CANA) no deja lugar a dudas: el desempeño del Ministerio Público es desigual, opaco en varios aspectos y carente de un control de calidad claro. Cerrar causas es importante, pero más lo es cómo y con qué resultados. La justicia necesita avanzar con eficacia, transparencia y, sobre todo, con responsabilidad institucional.

Los números están sobre la mesa. Ahora, será la sociedad —y eventualmente los organismos de control— quienes deban leer más allá de las cifras y exigir lo que hasta ahora sigue sin aparecer: una justicia que responda, rinda cuentas y actúe con celeridad y sensibilidad.