Del escándalo judicial al robo millonario

 

El mismo sujeto cuya liberación tras pagar una reparación integral desató pedidos de juicio político al juez Rodolfo Maidana y al fiscal Hugo Costilla, ahora enfrenta una nueva causa por “Robo Calificado por Escalamiento” en una lujosa residencia de la capital.
 
El nombre de Diego Marcelo Arroyo vuelve a quedar en el centro de la polémica. Esta vez, por estar imputado como presunto coautor de un millonario robo perpetrado el pasado 16 de julio en una residencia de categoría ubicada en Barrio Ocampo, en la ciudad Capital.

La investigación, a cargo del fiscal de Instrucción N° 4 del Distrito Norte, Ricardo Córdoba Andreatta, determinó que Carlos Leonardo Luna habría escalado el muro perimetral de la vivienda situada sobre avenida Enrique Ocampo al 2700 y, tras forzar una puerta trasera, sustrajo dinero, objetos de valor y documentación personal. Mientras tanto, Arroyo permanecía en el vehículo utilizado para concretar la fuga, lo que lo convierte —según el Ministerio Público— en coautor del hecho.

La causa fue calificada provisoriamente como “Robo Calificado por Escalamiento”. En base a pruebas contundentes —entre ellas registros fílmicos, inspecciones oculares, testimonios y actas de la Unidad Judicial N° 5— el fiscal solicitó al juez de Control de Garantías N° 4, Marcelo Sago, la audiencia de prisión preventiva para ambos acusados.

 Del beneficio judicial a la reincidencia
Lo que dispara la indignación pública y judicial es que Diego Arroyo fue uno de los beneficiados por la cuestionada figura de la “reparación integral” en una causa anterior de robo agravado, lo que le permitió eludir el juicio oral y recuperar su libertad.

La medida fue otorgada por el juez Rodolfo Maidana, con el aval del fiscal Hugo Costilla, y motivó una ola de críticas en el ámbito judicial. La controversia fue tal que derivó en pedidos de juicio político contra ambos funcionarios por parte de legisladores y sectores del Poder Judicial, al considerar que se aplicó una herramienta legal pensada para delitos menores en un caso de altísima gravedad institucional.

Hoy, Arroyo vuelve a estar imputado en un delito violento y millonario, lo que reaviva el debate: ¿puede un acusado de robo agravado ser beneficiado con una reparación económica y quedar libre sin consecuencias?

 El sistema bajo la lupa
Con la audiencia de prisión preventiva en puerta, el caso ya genera tensión en Tribunales. Arroyo vuelve a protagonizar un episodio que expone los vacíos y abusos del sistema penal, y deja mal parado al Poder Judicial, especialmente a quienes avalaron su liberación con una reparación que hoy parece haber sido papel mojado.

 
Cuando la justicia falla, la calle paga las consecuencias.
 El caso de Diego Arroyo no solo revela una presunta reincidencia delictiva, sino que evidencia cómo las decisiones judiciales pueden habilitar caminos de impunidad.