Denuncia por presunta extorsión, amenazas y violencia política en el MID
Una grave denuncia penal fue presentada ante la Fiscalía General por Sonia Beatriz Nabarro, dirigente política, quien acusa a Javier José Galán —diputado provincial electo—, Fernando Baigorri, Norman Roger Arce y al comunicador Juan Carlos Andrada por presuntos hechos de extorsión, amenazas, coacción, violencia política y una campaña de difamación en redes sociales.
La denunciante sostiene que los hechos se habrían iniciado durante la campaña electoral correspondiente a las elecciones provinciales del 26 de octubre, en el marco de reuniones partidarias del MID.
Firma de pagarés en blanco y coacción
Según la presentación, durante un encuentro realizado en el Hotel Coral, Galán habría exigido a los candidatos de la lista la firma de pagarés en blanco como condición para continuar dentro del proyecto político.
Nabarro asegura que se sintió amedrentada por Galán, Baigorri y Arce, quienes le advirtieron que si no firmaba quedaría fuera de la lista y que podría enfrentar “otras consecuencias”.
Ante esta presión, la denunciante manifiesta que terminó rubricando el documento.
Relata además que el trato hacia las mujeres en el espacio político era “recurrentemente humillante”, e incluso menciona episodios en los que Galán habría hecho llorar a integrantes de su equipo durante reuniones de campaña.
Discusión por fondos y nuevas amenazas
Tras las elecciones, la denunciante pidió explicaciones sobre los gastos de campaña y la retención de los pagarés.
En una reunión posterior realizada en la estación de servicio Refinor, Galán habría dicho que el gasto fue de “60 millones”, cifra que luego se redujo a “20 millones” sin mayores precisiones ni comprobantes.
De acuerdo al relato, en ese contexto Galán le exigió a Nabarro que le “entregara” todos los cargos o conceptos vinculados a su condición de diputada electa, amenazándola con consecuencias si no acataba.
Campaña de difamación en redes
En paralelo a estos hechos, la denuncia involucra a Juan Carlos Andrada, un comunicador que maneja una página de Facebook, a quien se acusa de publicar información falsa “para dañar su honor y su imagen pública”.
Entre las publicaciones, menciona afirmaciones sobre supuestos bienes adquiridos irregularmente y la difusión de acusaciones contra su marido por delitos aberrantes, insinuando que ella sería cómplice.
Nabarro considera que esta campaña está directamente vinculada a las amenazas que habría recibido durante las reuniones partidarias.
Medidas solicitadas
La denunciante adjuntó capturas de redes sociales como prueba documental y pidió que el Hotel Coral y la estación de servicio Refinor aporten registros de cámaras de seguridad.
También solicitó que el Juzgado Electoral remita la nómina de los integrantes de la Lista N°1 del MID para citarlos como testigos.
Finalmente, requirió medidas de protección, con perspectiva de género, y el cese de las publicaciones que considera difamatorias.
