Catamarca activa un protocolo clave para femicidios y se alinea con estándares internacionales

 
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En una decisión considerada histórica dentro del Ministerio Público Fiscal, el procurador general Tristán Agustín Lobo dictó la Instrucción General N°003/2025, que establece que desde el 1° de enero de 2026 comenzará a aplicarse en Catamarca el Protocolo para la Investigación y Litigio de Femicidios, elaborado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), liderada por la fiscal federal Mariela Labozzetta.

El documento, aprobado inicialmente por el procurador general de la Nación interino Eduardo Casal en 2018, fija parámetros estrictos y estandarizados para investigar muertes violentas de mujeres con perspectiva de género, evitando fallas en las primeras intervenciones y garantizando litigios más sólidos.

La nueva instrucción recomienda a todos los integrantes del Ministerio Público Fiscal aplicar de manera obligatoria la guía de actuación, que viene siendo incorporada progresivamente por distintas jurisdicciones del país. Catamarca, de este modo, pasa a integrar el grupo de 12 provincias que ya adoptaron el protocolo.

La adhesión se consolidó tras la reunión de referentes del Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos realizada en julio, en el ámbito del Consejo de Procuradores y Fiscales Generales y del Consejo Federal de Política Criminal, donde la UFEM brindó capacitaciones especializadas tanto en femicidios como en violencia sexual.

En sintonía con los estándares internacionales, Lobo además invitó a la Corte de Justicia provincial a implementar el protocolo en la Policía Judicial y en el Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF). La decisión fue comunicada a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y a ONU Mujeres, cumpliendo con el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de Femicidio.

La instrucción fue notificada a Fiscalía General, la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, fiscalías penales, Defensa Pública Penal y al Laboratorio Satélite Forense, consolidando un marco normativo que busca mejorar las respuestas institucionales ante uno de los delitos más graves y sensibles del país.