Escándalo judicial en Tinogasta: liberaron al acusado pese a denuncias previas por violencia y hostigamiento

La liberación de Cristian Nicolás Sánches (21), alias “Canguro”, imputado por instigación al suicidio y lesiones leves agravadas por violencia de género, provocó un estallido social en Tinogasta y dejó al descubierto una grave cadena de omisiones institucionales. La polémica decisión fue adoptada por la jueza Patricia Susana Almendra de González, quien ya había intervenido en 2024 en una denuncia por violencia contra el mismo acusado, cuando la víctima, Natali Delgado, aún era menor de edad.
El caso volvió a conmocionar a la comunidad luego de conocerse que, pese a las alertas formales del municipio y a las restricciones impuestas al agresor, nunca se impulsó una causa penal que permitiera investigar en profundidad el contexto de violencia que rodeaba a la joven.
Una denuncia que no avanzó
Según pudo reconstruir El Ancasti, en 2024 el Servicio Local de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Municipalidad de Tinogasta radicó una denuncia por hostigamiento y violencia de género contra Sánches. Por tratarse de una menor, la presentación fue girada al Juzgado de Familia, que ordenó medidas restrictivas, pero el expediente quedó sin impulso penal.
Fuentes vinculadas a la investigación confirmaron que se dio intervención a la Secretaría de Violencia, aunque no se activaron los mecanismos judiciales necesarios para determinar responsabilidades ni garantizar una protección efectiva. La propia familia de Natali aseguró que las restricciones “nunca se cumplieron” y que el agresor continuó ejerciendo control y violencia.
La tragedia y la liberación
La causa penal se inició el lunes 19 de enero, cuando Natali Delgado se quitó la vida. Su cuerpo fue hallado por el propio Sánches. Bajo las directivas del fiscal de Instrucción Penal de Tinogasta, Germán Quinteros, el joven fue detenido de manera preventiva y se ordenó la autopsia.
Con los resultados periciales y testimonios incorporados, el fiscal imputó a Sánches por lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género, y por instigación al suicidio, todo en concurso real. Sin embargo, al solicitarse la audiencia de control de detención, la jueza dispuso la inmediata libertad del acusado, decisión que desató la indignación pública.
Protesta y acusaciones
Tras conocerse la resolución, familiares, amigos y vecinos de la víctima se manifestaron durante la noche frente al domicilio particular de la magistrada. “Era violento, era conocido en el pueblo y le tenían miedo. Esto se pudo haber evitado”, coincidieron los manifestantes.
Durante la protesta, allegados a Natali recordaron que la joven convivía con Sánches desde los 16 años y que sufría violencia constante. “Sabemos que la golpeaba, la amenazaba y la controlaba. Nunca respetó las restricciones”, denunció un familiar, quien aseguró que la joven estaba completamente sometida.
También cuestionaron duramente la decisión judicial y señalaron presuntos vínculos familiares del imputado con el ámbito judicial, exigiendo explicaciones públicas. “Alguien tiene que dar una respuesta. Esto no fue un hecho aislado, fue una tragedia anunciada”, remarcaron.
Un caso que expone fallas del sistema
El caso de Natali Delgado reabrió el debate sobre la actuación de la Justicia frente a la violencia de género, especialmente cuando existen denuncias previas, intervención estatal y señales claras de riesgo. Para los familiares, el paso del tiempo y la mayoría de edad de la víctima no pueden justificar la inacción.
“Cuando cumplió 18 años, el Estado se retiró. Tres meses después, estaba muerta”, resumieron con dolor.
La causa continúa en investigación, mientras Tinogasta exige respuestas y responsabilidades por un desenlace que, según coinciden familiares y vecinos, pudo haberse evitado.(Fuente el Ancasti)