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Una denuncia penal radicada más de un mes después de ocurrido el hecho, presentada por un tercero y no por las presuntas víctimas, puso bajo la lupa judicial un procedimiento policial realizado el 25 de diciembre de 2025 en la Comisaría Seccional Décima, en el marco de una intervención por desorden generalizado durante la jornada de Navidad.
La presentación judicial fue impulsada por una mujer que no figura como víctima directa, quien denunció presuntos malos tratos, abuso de autoridad y agresiones atribuidos a personal policial femenino, señalando como supuestos damnificados a una persona mayor de edad y a un menor, ninguno de los cuales realizó la denuncia en forma personal ni inmediata.
Desde la fuerza confirmaron que todo el procedimiento fue documentado, cuenta con cámaras de seguridad internas, registros escritos y actuaciones administrativas que ya se encuentran a disposición de la Justicia.
El eje de la denuncia
Según consta en la presentación, la mujer denunciante sostuvo que el 25 de diciembre, entre las 14.30 y las 15.00, se presentó en la comisaría luego de tomar conocimiento de que el novio de su hija, un menor de 17 años, había sido demorado y trasladado a esa dependencia.
Relató que arribó en motocicleta, la dejó estacionada frente al edificio policial y solicitó información sobre la situación del joven. Allí, aseguró haber recibido un trato despectivo y hostil por parte de dos policías mujeres que se encontraban de guardia.
En su denuncia afirmó que se le exigió ingresar a la dependencia en un tono intimidante, lo que le habría generado temor, y que al intentar realizar llamadas telefónicas para comunicarse con familiares, una de las numerarias habría intentado reducirla físicamente.
Además, denunció el secuestro de su motocicleta sin justificación clara y aseguró que su yerno habría sido agredido dentro de la comisaría.
Un dato clave: denuncia indirecta y sin presentación inmediata
Uno de los puntos centrales del expediente es que la denuncia no fue formulada por las personas que habrían resultado directamente afectadas, sino por un tercero, y que no existieron denuncias, certificados médicos ni constancias formales el día del procedimiento ni en los días posteriores.
La demora superior a un mes en la radicación de la denuncia será uno de los aspectos que la Justicia deberá ponderar, junto con la legitimación de la denunciante para accionar en nombre de un mayor de edad y de un menor.
La versión oficial del operativo
Desde altas fuentes policiales se informó que el procedimiento se originó a partir de un llamado al SAE 911, que alertaba sobre un desorden generalizado en un domicilio del barrio Virgen Niña, protagonizado por varias personas, la mayoría en aparente estado de ebriedad.
Durante la intervención, siempre según las actuaciones oficiales, familiares de los involucrados agredieron verbal y físicamente al personal policial, situación que derivó en demoras y una aprehensión para restablecer el orden público.
Posteriormente, ya en la Comisaría Décima, la mujer denunciante se presentó para cuestionar el procedimiento y, de acuerdo a los registros internos, habría agredido físicamente a una única efectiva policial femenina, tras lo cual se retiró del lugar.
La dependencia cuenta con elementos de gran valia para la investigación como
cámaras de seguridad internas y externas,
libros de guardia,
actuaciones administrativas y policiales,
material que fue entregado al Juzgado interviniente para su análisis.
Expectativa por la definición judicial
Será ahora la Justicia la que deberá contrastar el relato denunciado con los registros objetivos, evaluar la denuncia indirecta y tardía, y determinar si existieron irregularidades o excesos en el accionar policial.
Por el momento, no se dispusieron sanciones ni medidas disciplinarias, a la espera de la resolución judicial.
