Carlos López Véliz
En las últimas horas, G. Guaraz, hija de Ramón Elpidio Guaraz, fue denunciada penalmente luego de una serie de declaraciones públicas realizadas recientemente, en las que —según consta en la presentación judicial— volvió a revictimizar a la persona damnificada en la causa por la cual su padre fue condenado a nueve años de prisión, sentencia que se encuentra firme.
La denuncia fue confirmada por la abogada Giselle Sazeta , quien informó que la presentación se realizó ante Fiscalía General, al considerar que los dichos difundidos por la joven exceden la libertad de expresión y constituyen una nueva forma de violencia, al reinstalar públicamente un caso que ya fue resuelto por la Justicia.
En ese sentido, Saceta advirtió de manera expresa a los medios de comunicación y a la sociedad en general que cesen con la reproducción y viralización de posteos y declaraciones en redes sociales, remarcando que dicha difusión agrava seriamente el estado psicológico de la víctima, quien se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad emocional.
“La condena está firme y no existe discusión judicial pendiente. Continuar instalando discursos que revictimizan a la víctima o intentan deslegitimar el fallo no solo profundiza el daño, sino que puede derivar en nuevas responsabilidades penales”, señalaron desde el entorno legal.
La letrada también solicitó el mayor de los respetos hacia la víctima y pidió no desviar el eje del caso hacia una interpretación política, estrategia que —según advirtió— estaría siendo impulsada por el propio Ramón Elpidio Guaraz, actualmente condenado, con el objetivo de poner en duda una sentencia firme dictada por la Justicia.
Desde el ámbito judicial trascendió que, a partir de la denuncia presentada, en las próximas horas podrían ordenarse nuevas medidas, en el marco de una investigación que analiza posibles conductas de revictimización, violencia simbólica y mediática.
El caso vuelve a encender el debate sobre la responsabilidad social en el uso de redes, el rol de los medios de comunicación y la obligación del Estado de proteger a las víctimas, especialmente cuando existen fallos firmes y la exposición pública puede generar un daño irreparable.
