Carlos López Véliz
La Sala Penal de la Corte de Justicia de Catamarca resolvió ordenar la inmediata libertad de José Javier Aguilar, imputado por el homicidio calificado del policía Diego Chávez, al considerar que se encuentra vencido el plazo legal de la prisión preventiva que cumplía desde abril de 2022.
La decisión, adoptada por unanimidad mediante un Auto Interlocutorio fechado el 5 de febrero de 2026, se dio en el marco del expediente “Aguilar, José Javier – Homicidio Calificado, etc. s/ recurso de casación”, y se apoya en el artículo 295, inciso 4, del Código Procesal Penal provincial.
El fallo llega en un contexto de fuerte conmoción institucional y social, ya que la causa se encuentra marcada por el fracaso del juicio popular, declarado nulo por graves irregularidades atribuidas al juez director del proceso, lo que obligó a ordenar la realización de un nuevo juicio.
En ese escenario, el máximo tribunal provincial sostuvo que mantener a Aguilar detenido implicaría un adelantamiento de pena, vulnerando el principio constitucional de inocencia, más aún cuando el veredicto fue invalidado y el proceso deberá reiniciarse desde cero.
La Corte remarcó que, aun cuando puedan subsistir riesgos procesales, la ley es clara: una vez vencidos los plazos máximos de prisión preventiva, corresponde disponer la libertad del imputado. Para fundamentar su postura, también citó estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el uso excepcional y temporal de las medidas cautelares privativas de la libertad.
Aguilar recuperó la libertad, pero quedó sujeto a estrictas restricciones: deberá fijar domicilio dentro de la Primera Circunscripción Judicial —sin residir en el lugar del hecho—, informar cualquier cambio, no mantener contacto con la familia de la víctima, presentarse semanalmente a firmar, no salir del país y comparecer ante cada citación judicial.
La resolución vuelve a poner en el centro del debate las fallas del sistema judicial, el impacto del juicio popular fallido y el profundo malestar que genera, en la sociedad y en la fuerza policial, que el acusado por el crimen de un efectivo vuelva a estar en libertad mientras la causa sigue sin una condena firme.
