JOSE ECHEVARRIADenuncian presunta estafa en nombre del Instituto Provincial de la Vivienda
El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de Catamarca presentó una denuncia penal por una presunta maniobra de estafa en la que se habría solicitado dinero a terceros a cambio de la supuesta entrega de viviendas sociales, utilizando ardides, falsos perfiles y documentación fraguada.
La denuncia fue formulada por Mauricio Alejandro Varela, director de Adjudicaciones y Control de Viviendas del IPV, quien puso en conocimiento de la Fiscalía de Instrucción una serie de hechos que, en principio, encuadrarían en el delito de estafa, previsto y reprimido por el artículo 172 del Código Penal Argentino.
Según consta en la presentación, el principal involucrado sería Juan Martín Acuña, quien habría requerido sumas de dinero a distintas personas, asegurando que, a cambio, podía garantizarles el acceso a una vivienda construida por el organismo provincial.
Audios comprometedores y pedidos de dinero
Entre las pruebas aportadas se encuentran audios enviados a posibles víctimas, donde se escucha con claridad a un hombre afirmar que para acceder a una vivienda se debía pagar inicialmente una suma de un millón de pesos, monto que luego —según el mismo relato— se habría reducido a 450 mil pesos, con el argumento de “haber hablado” para facilitar el ingreso al supuesto listado de beneficiarios.
En uno de los audios se escucha:
“Para darte la casa te cobran un millón de pesos… pero yo hablé por vos y por otro chico más y quedarían en cuatrocientos cincuenta mil pesos, eso lo tengo que confirmar antes de mañana al mediodía para que te pongan en el listado”.
Falso perfil y documentación apócrifa
La denuncia también advierte sobre la creación de un falso perfil telefónico, que simulaba pertenecer al propio denunciante. A través de este contacto apócrifo se habría reforzado el engaño, enviando incluso listados de supuestos beneficiarios, notificaciones ministeriales fraguadas y otras comunicaciones destinadas a dar apariencia de legitimidad a la maniobra.
Desde el IPV remarcaron que este accionar es totalmente ajeno al procedimiento oficial de adjudicación de viviendas y que el organismo no cobra dinero alguno por trámites previos, ni por la preadjudicación ni por la adjudicación de unidades habitacionales.
Aclaración oficial del IPV
En la presentación judicial se deja expresamente aclarado que el único pago que realizan los adjudicatarios es el correspondiente a las cuotas mensuales de recupero de la inversión, las cuales comienzan a abonarse una vez que la familia toma posesión de la vivienda, conforme al plan de amortización vigente.
Pruebas y testigos
Como parte de la denuncia se adjuntó prueba documental, entre ellas capturas de chats, imágenes de perfiles utilizados en la maniobra y notificaciones presuntamente falsas. Además, se ofreció como testigo a Natalia Elizabeth Ferreyra, empleada del organismo, quien habría aportado información clave para detectar la irregularidad.
Investigación en marcha
Finalmente, el denunciante solicitó a la Fiscalía que se tenga por formulada la denuncia, se impulse la investigación correspondiente, se impida la continuidad del delito, se individualice a los responsables y se reúnan las pruebas necesarias para avanzar con la acusación penal o, en su defecto, determinar responsabilidades.
La causa quedó ahora en manos de la Justicia, que deberá establecer el alcance de la maniobra y la eventual responsabilidad penal de los involucrados.
