joseLa investigación por el homicidio del exministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas, atraviesa un momento de máxima tensión institucional. El Ministerio Público Fiscal (MPF) reconoció deficiencias en la preservación de registros de cámaras de seguridad durante los días críticos posteriores al crimen y ordenó una compulsa masiva de libros y sistemas. En paralelo, la querella denunció una posible alteración del teléfono corporativo del exfuncionario cuando ya estaba bajo custodia judicial.
De confirmarse ambos extremos, el impacto podría ser estructural.
La compulsa por las cámaras: una auditoría sobre la propia investigación
El decreto firmado el 6 de febrero dispone una revisión directa y exhaustiva de:
Libros de guardia
Partes de novedades
Registros de ingreso y egreso de expedientes
Sistema SAGE
Expedientes archivados o reservados
La medida abarca las once Unidades Judiciales de la Primera Circunscripción, las Unidades de Violencia de Género, todas las comisarías de Capital y Valle Viejo y la División Informática de la Policía.
El objetivo formal es determinar si entre el 2 y el 7 de diciembre de 2022 existieron órdenes de preservación de cámaras o aportes de material fílmico que no fueron debidamente resguardados.
Pero en términos institucionales, la medida significa algo más profundo:
👉 una auditoría sobre la propia actuación policial y judicial en los primeros días de la causa.
El propio Ministerio Público reconoce que hubo deficiencias en la preservación de registros del SAE-911, es decir, del sistema central de monitoreo de cámaras de seguridad.
En una causa de homicidio de alta relevancia política, la preservación inmediata de imágenes es un protocolo básico. Si esas imágenes no fueron resguardadas en tiempo y forma, la pregunta ya no es técnica, sino estructural:
¿Se ordenó preservar las cámaras y no se cumplió?
¿No se dio la orden en el momento oportuno?
¿Se dio, pero no quedó registrada?
¿Hubo negligencia administrativa?
¿O hubo una omisión más grave?
¿A quiénes podría alcanzar la responsabilidad?
El decreto no imputa a nadie en particular, pero la revisión apunta necesariamente a:
Funcionarios y operadores del SAE-911, encargados de la conservación de registros.
Autoridades policiales que debían ejecutar las órdenes de preservación.
Unidades Judiciales intervinientes en los primeros días, responsables de dejar constancia escrita de cualquier orden o recepción de material.
Eventualmente, funcionarios del Ministerio Público que dirigían la investigación en esa etapa inicial, si se determinara que hubo omisiones en la disposición o control de esas medidas.
El hecho de que se haya requerido el Libro de Novedades original de la Unidad Judicial N°7 no es un detalle menor. Cuando se solicita el original —y no copia— suele buscarse verificar:
Si hubo agregados posteriores
Si existen inconsistencias horarias
Si falta algún registro
O si se alteró algún asiento
Eso coloca el foco directamente en la cadena documental interna del Poder Judicial y de la Policía.
Si se comprobara que las cámaras no fueron preservadas cuando debían, no se trataría solo de una falla técnica: podría configurarse desde negligencia grave hasta una posible irregularidad funcional.
El nuevo frente: el celular bajo sospecha
En paralelo, la querella que representa a la familia del exministro —a cargo del abogado Iván Sarquis— pidió avanzar en una investigación específica sobre el teléfono corporativo de Juan Carlos Rojas.
Según un informe técnico de parte, el dispositivo habría sufrido alteraciones el 6 de diciembre de 2022, dos días después del crimen y un día antes de la primera pericia oficial. Ese día se habrían eliminado 35 eventos registrados en el sistema del teléfono.
Desde el punto de vista técnico, el análisis involucra el sistema operativo del dispositivo. Pero desde el punto de vista procesal, la regla es mucho más simple:
un teléfono secuestrado en una escena de crimen no puede ser manipulado por nadie hasta su peritaje oficial.
Debe resguardarse —habitualmente en bolsa o cámara Faraday— para evitar cualquier intervención externa.
Si se confirmara que el equipo fue abierto o modificado antes de la pericia ordenada por el entonces fiscal Laureano Palacio, la gravedad institucional sería extrema.
Hoy existen dos líneas sensibles:
Fallas reconocidas en la preservación de cámaras.
Sospechas de alteración de un teléfono bajo custodia judicial.
Si ambas situaciones se comprobaran, no estaríamos ante simples errores administrativos. Estaríamos frente a un problema estructural en la cadena de custodia de pruebas clave en una causa de homicidio.
En términos institucionales, eso significaría que no solo está en discusión qué ocurrió con Juan Carlos Rojas, sino también cómo se investigó su muerte.
Y allí, efectivamente, el sistema judicial comenzaría a crujir.
