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En un caso que generó fuerte repercusión y malestar en la opinión pública, este mediodía se conoció la sentencia contra un hombre de 35 años hallado penalmente responsable por un delito contra la integridad sexual en perjuicio de una menor.
De acuerdo a lo ventilado en el debate oral en la Cámara del Crimen, el imputado atacó a la víctima en un departamento del interior provincial, donde la redujo y cometió el abuso. El hecho, de extrema gravedad, ocurrió en el año 2018.
Según se conoció durante el proceso, al momento del hecho la víctima tenía 16 años, mientras que el agresor tenía 25. El ataque fue particularmente violento: la joven fue amordazada, golpeada y amenazada para que no realizara la denuncia. En su momento, el caso generó una profunda conmoción por el grave daño físico y psicológico provocado.
Durante los alegatos, el fiscal de Cámara, Augusto Barro, solicitó una pena de seis años de prisión efectiva. Por su parte, el abogado defensor, Nando Quintar, pidió la absolución del imputado.
El tribunal estuvo integrado por los jueces Martoccia Silvio Lozano Miguel y Guillamondegui Luis, quienes en un fallo dividido resolvieron condenarlo a seis años de prisión de cumplimiento efectivo. Sin embargo, la decisión no fue unánime: uno de los magistrados, Luis Guillamondegui, votó en disidencia por una pena menor, al considerar que el delito debía encuadrarse como tentativa, proponiendo una condena de cuatro años y seis meses.
El extenso recorrido judicial también fue eje de cuestionamientos. La causa permaneció durante casi seis años en etapa de instrucción, atravesando distintos planteos y recursos impulsados por la defensa, lo que demoró su llegada a juicio.
Otro punto que generó fuerte rechazo es que el condenado continúa en libertad, ya que goza del beneficio de eximición de prisión hasta tanto el fallo quede firme. Esta situación incrementó el malestar social, especialmente por la gravedad del hecho y el nivel de violencia ejercido, que llevó a distintos sectores a considerarlo un sujeto de alta peligrosidad.
A raíz del tiempo transcurrido y la gravedad de lo ocurrido, el fallo reavivó el dolor y la indignación social. Distintos sectores consideran que la pena impuesta no refleja el daño sufrido por la víctima, instalando nuevamente el debate sobre la respuesta judicial en este tipo de delitos.
Mientras tanto, el caso deja abierta la posibilidad de nuevas instancias judiciales, en un contexto en el que familiares y allegados sostienen que, pese a la condena, la sensación es que no se alcanzó una verdadera justicia.
