Escándalo judicial en Catamarca

La polémica causa conocida como la de las “absoluciones pagas” volvió a sacudir el ámbito judicial de Catamarca. La defensa de tres de los imputados por el millonario golpe ocurrido en el barrio Parque América pidió que el fiscal de Instrucción Nº5, Hugo Costilla, sea citado a declarar y explique su actuación en el expediente.
El planteo fue presentado por el abogado Pedro Vélez, defensor de Diego Marcelo Arroyo, Guillermo Hernán Nieva y Camilo Alberto Carrizo, ante el juez de Control de Garantías Nº3, Lucas Vaccaroni. La causa tiene como víctima a Matías Exequiel Rolón Reynoso.
Pero el pedido no se limita al fiscal Costilla. La defensa también solicitó que declaren el procurador general Tristán Lobo, el fiscal general Alejandro Gober y el fiscal de Cámara Miguel Andrés Mauvecín, en un intento por esclarecer el rol que tuvo el Ministerio Público Fiscal en el acuerdo que terminó con el sobreseimiento de los acusados.
“Fue el propio MPF quien pidió el sobreseimiento”
En su presentación, la defensa lanzó duras críticas contra el organismo acusador. Sostuvo que el Ministerio Público Fiscal participó activamente del acuerdo entre la víctima y los imputados, que luego fue homologado por la Justicia.
“Cualquier persona que lea la presentación del MPF podría creer que no intervino en el proceso, pero eso no es así. Fue quien solicitó el sobreseimiento de los imputados”, remarcaron.
Según el escrito, el organismo también dejó vencer el plazo legal para apelar la resolución que absolvió a los acusados, permitiendo que el fallo quedara firme.
Interrogatorio clave
Entre otros puntos, la defensa quiere que Costilla responda por qué no apeló la sentencia, si tenía conocimiento de que los sobreseimientos son recurribles y si detectó alguna irregularidad en el acuerdo alcanzado entre la víctima y los acusados.
También buscan determinar si el fiscal recibió instrucciones del Fiscal General para presentar un recurso de apelación y por qué esa medida nunca se concretó.
Acusación explosiva
El tramo más duro del planteo sostiene que el Ministerio Público Fiscal intenta ahora revertir el fallo “sin autorización legal y en contra de sus propios actos”.
Incluso, la defensa afirmó que el organismo pretende revisar la sentencia “simplemente para caerle bien a la prensa”, pese a haber convalidado previamente el acuerdo que derivó en el sobreseimiento.
La causa vuelve así a poner bajo la lupa el accionar de funcionarios judiciales y amenaza con profundizar uno de los escándalos más sensibles que atraviesa actualmente la Justicia provincial.