Carlos López Véliz
Con esta resolución, los jueces despejaron el camino hacia una de las instancias más esperadas por las víctimas. Entre los argumentos centrales, el Tribunal dejó en claro que el proceso penal no puede frenarse por la quiebra en trámite del principal imputado, ya que ambas vías —penal y comercial— persiguen objetivos distintos.
La defensa de Bacchiani había intentado trasladar el caso al fuero comercial, sosteniendo que los reclamos económicos debían resolverse en ese ámbito. Sin embargo, el TOF fue contundente: primero debe determinarse la responsabilidad penal, y recién a partir de allí se avanzará sobre las cuestiones patrimoniales en el proceso de quiebra.
Además, remarcaron que no todos los imputados se encuentran en la misma situación judicial, por lo que dividir la causa hubiera afectado a las víctimas. En ese sentido, se dispuso la participación del síndico de la quiebra dentro del proceso penal, para garantizar la coordinación entre ambos fueros.
Mientras tanto, Bacchiani —quien ya cumple una condena de 10 años de prisión por múltiples estafas— se encamina ahora a enfrentar un nuevo juicio que podría agravar aún más su situación judicial.
La decisión generó fuerte repercusión y reaviva las expectativas de quienes fueron damnificados por uno de los esquemas financieros más resonantes de la provincia. El mensaje es claro: la causa avanza y el juicio está cada vez más cerca.
