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DM
El fiscal de Instrucción N°2 del Distrito Este, Laureano Palacios, imputó e indagó a Nelson Fabián Solórzano por el delito de “robo simple”, en el marco del brutal ataque ocurrido en la zona de la Quebrada de Moreira.
La medida genera fuertes cuestionamientos, sobre todo porque contrasta con el importante operativo desplegado por la Policía, que logró dar una rápida respuesta a la víctima y a la sociedad. Gracias a tareas investigativas, allanamientos y recolección de pruebas, el sospechoso fue identificado y detenido en tiempo récord.
Sin embargo, ese esfuerzo parece diluirse ante una calificación legal que, lejos de reflejar la violencia del hecho, podría habilitar al acusado a solicitar la eximición de prisión, encendiendo el malestar social.
Según la investigación, el ataque ocurrió el 1 de abril, minutos antes de las 12:20, cuando la víctima —una mujer de edad avanzada— circulaba en motocicleta por el camino Cuesta Quebrada de Moreira. Fue allí donde el delincuente la interceptó y, sin mediar palabra, la empujó violentamente, provocando que cayera con fuerza sobre el asfalto.
El accionar, de extrema brutalidad, pudo haber tenido consecuencias fatales. La jubilada sufrió lesiones de consideración y permanece internada bajo observación médica.
Lejos de asistirla, el agresor aprovechó la situación para robarle un bolso tipo morral con documentación, pertenencias personales y su teléfono celular, para luego darse a la fuga.
Durante la audiencia de indagatoria, el imputado optó por el silencio. En la causa se incorporaron informes médicos del Hospital Interzonal San Juan Bautista, testimonios, actas policiales, allanamientos y pericias técnicas.
Pese a la contundencia de los elementos reunidos y la violencia ejercida contra una víctima vulnerable, la calificación de “robo simple” abre un fuerte interrogante sobre el criterio judicial aplicado en casos de extrema agresividad.
Mientras la mujer continúa internada, el caso se instala como un nuevo foco de debate: el esfuerzo policial para dar respuestas frente al delito y una decisión judicial que, para muchos, no está a la altura de la gravedad del hecho.



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