Carlos López Véliz
La causa de la “videodenuncia” sigue trabada por una seguidilla de recursos y planteos defensivos
La causa conocida como la “videodenuncia”, que tiene como imputados a los exjueces Raúl Héctor Da Prá y Juan Pablo Morales por “cohecho pasivo agravado”, continúa sin llegar a juicio oral. A más de un año de haber sido elevada, el expediente permanece paralizado en instancias preliminares, en medio de una extensa cadena de recursos que han impedido avanzar hacia el debate.
El último episodio que volvió a dilatar el proceso fue el intento de la defensa de Da Prá, encabezada por la abogada Mariana Barbitta, de apartar al juez subrogante Lucas Vaccaroni, integrante del tribunal que debe juzgar el caso. El planteo fue rechazado por la Sala Penal de la Corte de Justicia de Catamarca, que confirmó al magistrado en su cargo. Sin embargo, la defensa insistió y presentó un recurso extraordinario federal que aún se encuentra en trámite.
Esta dinámica no es nueva en el expediente. A lo largo del proceso, tanto Morales como Da Prá han impulsado múltiples recursos —de reposición, casación y extraordinarios— contra prácticamente cada resolución judicial. Todos fueron rechazados, pero generaron demoras constantes debido a la remisión del expediente al máximo tribunal provincial.
Desde el tribunal se advierte que la causa no avanza no por inacción judicial, sino por la necesidad de esperar cada resolución superior antes de retomar el trámite. Actualmente, el expediente permanece nuevamente en la Corte, a la espera de una definición sobre el último recurso presentado.
Un juicio que no empieza
La causa lleva más de un año detenida en los actos preliminares del debate. Desde la citación a juicio, ni siquiera se ha podido avanzar a la etapa de ofrecimiento de pruebas. En los hechos, los acusados aún no han ocupado el banquillo, pese a la gravedad institucional del caso.
El tribunal que debe llevar adelante el juicio está integrado por Marcelo Soria, Lucas Vaccaroni y la jueza de Ejecución Penal Elizabeth Cabanillas. Todos han sido objeto de planteos de recusación que, sistemáticamente, fueron rechazados.
La acusación y la prueba clave
Los hechos investigados habrían ocurrido entre diciembre de 2019 y febrero de 2020. Según la acusación, los exmagistrados habrían recibido un soborno de 820 mil pesos para revocar la prisión preventiva de un detenido.
La pieza central del caso es un video en el que se observa a los exjueces recibiendo sobres que, presuntamente, contendrían dinero. No obstante, pericias de Gendarmería Nacional y estudios aportados por la defensa sostienen que el material habría sido editado, lo que abre un fuerte interrogante sobre su validez como prueba.
La denuncia se hizo pública en junio de 2020 tras la difusión del video por redes y correos electrónicos, generando un fuerte impacto institucional. Poco después, ambos jueces renunciaron a sus cargos, lo que dejó sin efecto el jury de enjuiciamiento, aunque no frenó la causa penal.
Un proceso sin definiciones
A casi seis años de los hechos investigados, el expediente sigue sin una fecha concreta de juicio. Mientras tanto, la sucesión de recursos continúa estirando los tiempos judiciales y alimentando la percepción de que el proceso avanza sin rumbo claro.
La resolución del recurso extraordinario federal será clave para determinar si finalmente el expediente regresa al tribunal y se destraba el camino hacia un juicio que, hasta ahora, la Justicia no ha logrado concretar.
