Carlos López Véliz
La Fiscalía y la querella se opusieron al beneficio solicitado por Omar Alejandro Beltrán, imputado por el siniestro vial fatal ocurrido en 2019. El juez Marcelo Forner resolverá en cinco días si el caso llega finalmente a juicio.
En una audiencia cargada de tensión y fuertes cuestionamientos, la Fiscalía y la querella rechazaron este martes el pedido de suspensión de juicio a prueba (probation) solicitado por Omar Alejandro Beltrán, el camionero acusado de causar la muerte de una ciclista en un trágico siniestro vial ocurrido en Tinogasta en el año 2019.
La solicitud de la defensa incluyó un ofrecimiento económico de 200 mil pesos y la realización de tareas comunitarias, propuesta que fue considerada insuficiente tanto por la fiscal Cynthia Romero como por el abogado querellante Marcos Gandini, quienes se opusieron de manera terminante a que el imputado acceda al beneficio y evite enfrentar un debate oral.
De acuerdo con la requisitoria de elevación a juicio, el hecho ocurrió cuando la víctima, Luisa Viviana Zurita, circulaba en una bicicleta Venzo por la Ruta Nacional Nº 60, a unos 200 metros del puesto caminero de ingreso a Tinogasta. En ese mismo sentido transitaba Beltrán al mando de un camión Volvo con acoplado.
La acusación sostiene que el conductor del transporte de carga habría actuado de manera negligente, circulando sin la iluminación reglamentaria de la óptica delantera derecha, circunstancia que habría reducido considerablemente la visibilidad y contribuido a que la ciclista no advirtiera la presencia del rodado de gran porte.
Según la reconstrucción fiscal, Beltrán no logró evitar el impacto y terminó colisionando con la bicicleta, golpeando a Zurita con el guardabarros de una rueda delantera y la parte lateral derecha del camión. Como consecuencia de la violenta embestida, la mujer fue despedida hacia una banquina, donde sufrió gravísimas lesiones que finalmente le provocaron la muerte.
“Intentaron ponerle precio a una vida”
Tras la audiencia, el abogado querellante Marcos Gandini fue contundente al cuestionar el planteo defensivo.
“Pretenden convalidar que una persona pueda salir a manejar, matar y no recibir un reproche judicial. Intentaron ponerle precio a una vida con una oferta de 200 mil pesos”, sostuvo el letrado, quien remarcó la necesidad de que el caso sea ventilado en un juicio oral después de años de espera para la familia de la víctima.
La postura fue acompañada por la fiscal Cynthia Romero, quien también rechazó la procedencia de la probation y consideró que las características del hecho ameritan la continuidad del proceso penal.
La defensa respondió
Por su parte, el abogado defensor Iván Álvarez González negó que la propuesta implique una valoración económica de la vida de la víctima.
En declaraciones a Catamarca en Cana, explicó que el monto ofrecido responde exclusivamente a las posibilidades económicas de Beltrán y recordó que la reparación civil se tramita por una vía independiente, donde interviene la aseguradora del camión involucrado.
“No se está poniendo precio a una vida. La cuestión indemnizatoria se encuentra siendo tratada en el ámbito civil y existe una cobertura aseguradora que debe responder”, argumentó el defensor.
Una causa que lleva siete años
El expediente arrastra una extensa demora judicial. El siniestro ocurrió en 2019 y, desde entonces, la causa atravesó distintas instancias procesales sin llegar aún a la etapa de debate oral.
Frente a las posiciones enfrentadas, el juez de Control de Garantías N° 1, Marcelo Forner, dispuso un cuarto intermedio de cinco días para analizar los planteos y resolver si concede o rechaza el beneficio solicitado.
La decisión será determinante: si la probation es rechazada, Beltrán deberá sentarse finalmente en el banquillo de los acusados para responder por la muerte de Luisa Viviana Zurita. Si es concedida, el proceso penal quedará suspendido bajo condiciones, evitando por el momento la realización del juicio.
Mientras tanto, la familia de la víctima aguarda una resolución que podría marcar el rumbo definitivo de una causa que, a casi siete años del hecho, todavía espera una respuesta judicial.
