Carlos López Véliz
La decisión se conoció luego de la indignación generada entre familias de la comunidad educativa por su permanencia en una parroquia cercana al establecimiento escolar.
Escritura
La polémica en torno al cura Renato Rasgido sumó un nuevo capítulo este jueves, luego de que la Justicia ordenara su traslado al Servicio Penitenciario Provincial de Miraflores tras rechazar el domicilio alternativo presentado por su defensa para cumplir el beneficio de prisión domiciliaria.
La medida se conoció apenas horas después de que padres y madres de alumnos del Colegio Cristo Rey expresaran un fuerte rechazo a la presencia del sacerdote condenado por abuso sexual en la parroquia Santa Rosa de Lima, lugar donde inicialmente iba a cumplir el arresto domiciliario.
La noticia había generado una profunda conmoción en la comunidad educativa. Durante la jornada del miércoles, varios padres manifestaron su preocupación e indignación por la cercanía entre el lugar de alojamiento dispuesto para Rasgido y una institución escolar a la que concurren cientos de niños y adolescentes. Incluso algunas familias optaron por retirar anticipadamente a sus hijos del establecimiento.
En ese contexto de creciente malestar social, el juez de Ejecución Penal de Segunda Nominación analizó una nueva propuesta de alojamiento presentada por la defensa del sacerdote. Sin embargo, tras los informes socioambientales realizados sobre el inmueble ofrecido, concluyó que no reunía las condiciones necesarias para autorizar allí el cumplimiento de la medida.
Como consecuencia, dispuso el inmediato traslado de Rasgido al Penal de Miraflores, donde permanecerá alojado de manera transitoria mientras continúa la tramitación del pedido de prisión domiciliaria y se evalúan nuevas alternativas habitacionales.
Fuentes judiciales indicaron que cualquier nueva propuesta deberá ser puesta en conocimiento de la Fiscalía y de la víctima antes de que se adopte una resolución definitiva.
La decisión judicial fue recibida con alivio por parte de numerosos padres y vecinos que en las últimas horas habían cuestionado duramente la posibilidad de que el sacerdote condenado permaneciera en una dependencia parroquial vinculada a una comunidad donde diariamente concurren menores de edad.
Mientras tanto, el caso continúa generando repercusiones y reavivando el debate sobre los beneficios de ejecución penal para condenados por delitos contra la integridad sexual, especialmente cuando se trata de figuras con fuerte exposición pública e institucional.
