Carlos López Véliz .
Condenado por abuso sexual y a pocos meses de cumplir su pena, el exjefe comunal pidió acceder a un beneficio de ejecución penal. La Justicia ordenó una nueva pericia psicológica y la querella ya anticipó su rechazo.
En medio de la polémica generada por recientes decisiones judiciales que otorgaron beneficios a condenados por delitos sexuales, el exintendente de Puerta de Corral Quemado, Enrique Aybar, volvió a quedar en el centro de la escena. A pocos meses de cumplir la condena que pesa en su contra, solicitó acceder al régimen de libertad asistida.
Aybar cumple una pena de seis años de prisión por el delito de abuso sexual simple agravado por ser el encargado de la guarda de una adolescente. Actualmente se encuentra alojado en el Servicio Penitenciario Provincial de Miraflores y, según fuentes judiciales, su condena finalizaría en diciembre de este año.
La presentación fue realizada por su abogado defensor, Pedro Vélez, quien sostuvo que el exjefe comunal registra buena conducta dentro de la unidad penal, no posee sanciones disciplinarias y cuenta con informes favorables en distintas áreas de tratamiento.
La jueza de Ejecución Penal N°1, Alicia Elizabeth Cabanillas, dispuso una nueva evaluación psicológica a cargo del Cuerpo Interdisciplinario Forense. El resultado de esa pericia será clave para definir si corresponde o no otorgarle el beneficio solicitado.
No es la primera vez que Aybar intenta acceder a mecanismos de flexibilización de la pena. En ocasiones anteriores, la Justicia rechazó pedidos de prisión domiciliaria y salidas transitorias debido, principalmente, a informes psicológicos considerados desfavorables.
La querella, representada por el abogado Sebastián Ibáñez, ya adelantó que se opondrá al planteo. Además, en las últimas semanas trascendió una nueva denuncia en su contra por un presunto abuso sexual con acceso carnal, expediente que se encuentra bajo investigación de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género.
El pedido del exintendente vuelve a instalar una discusión que genera fuerte sensibilidad social: la posibilidad de otorgar beneficios de ejecución penal a personas condenadas por delitos sexuales y los criterios que utiliza la Justicia para resolver estos planteos.(imágenes Cristian Seco)
