Carlos López Véliz
La muerte de cuatro adolescentes que permanecían bajo custodia del Estado en la Alcaidía de Menores, ocurrida en septiembre de 2011, terminó convirtiéndose en uno de los mayores fracasos del sistema judicial de Catamarca. Catorce años después, la causa quedó extinguida sin juicio y sin condenas.
La reciente decisión de la Sala Penal de la Corte de Justicia de no conceder el recurso extraordinario federal presentado por la Fiscalía cerró la última posibilidad de revisar el expediente. El máximo tribunal provincial ratificó que el proceso se prolongó durante más de catorce años y que parte de esa demora fue atribuida a la inactividad del propio Ministerio Público Fiscal.
Más allá de la resolución judicial, el desenlace deja al descubierto una realidad difícil de soslayar. Los funcionarios judiciales que intervinieron en los primeros años de la investigación ya se encuentran jubilados, mientras que quienes continuaron con el trámite del expediente nunca lograron imprimirle el impulso necesario para llevar el caso a juicio oral.
Hasta el momento no trascendieron sanciones disciplinarias contra los responsables de las demoras que llevaron a la extinción de la acción penal. El resultado es contundente: cuatro adolescentes murieron calcinados bajo custodia del Estado y, tras más de una década de dilaciones, la causa concluyó sin que la Justicia pudiera determinar responsabilidades penales.
La tragedia no solo dejó cuatro víctimas fatales. También dejó expuestas las falencias de un sistema judicial que, por la acumulación de demoras y la falta de resolución oportuna, terminó privando a las familias de las víctimas y a la sociedad de conocer la verdad en un juicio oral y de obtener una sentencia sobre los hechos.
