JOSE ECHEVARRIALa Justicia pidió el desafuero del diputado José Javier Galán por una causa de amenazas, peculado y exacciones ilegales
El Juzgado de Control de Garantías de Cuarta Nominación resolvió solicitar a la Cámara de Diputados de Catamarca el desafuero del legislador provincial José Javier Galán para que pueda ser investigado penalmente por los presuntos delitos de amenazas calificadas por el uso de arma, peculado de trabajos o servicios y exacciones ilegales.
La decisión surge tras una investigación jurisdiccional iniciada a raíz de la denuncia presentada por un joven de apellido Luna Avellaneda, quien aseguró que fue intimidado con un cuchillo por Galán mientras ambos se encontraban en el corralón "San Javier", propiedad del diputado.
Según el denunciante, el legislador le exigió que negara haber trabajado en el comercio, que negara el vínculo laboral de otra empleada de apellido Solohaga —quien también denunció a Galán en otra causa— y que modificara su futura declaración como testigo.
Durante la investigación, el juez analizó documentación remitida por la Cámara de Diputados, de la que surge que Luna Avellaneda se desempeñaba como asesor del bloque que integraba Galán. También advirtió la ausencia de registros de asistencia del denunciante en la Legislatura durante varios meses, situación que, para el magistrado, resulta compatible con la hipótesis de que cumplía funciones en el emprendimiento privado del diputado mientras percibía un salario financiado con fondos públicos.
El fallo también incorpora antecedentes de otra causa judicial en la que Solohaga ya había señalado que Luna Avellaneda trabajaba en el corralón y entregaba parte de su sueldo al legislador, lo que el juez consideró un elemento que fortalece la verosimilitud de la denuncia.
En la resolución, el magistrado aclara que el pedido de desafuero no constituye un pronunciamiento sobre la culpabilidad del diputado, sino que busca remover el obstáculo procesal que representan los fueros para permitir el avance de una investigación penal con todas las medidas de prueba que correspondan.
Ahora será la Cámara de Diputados de Catamarca la que deberá analizar el pedido judicial y decidir si concede o no el desafuero del legislador para que la Fiscalía pueda continuar con la investigación.
