Carlos López Véliz Los animales fueron restituidos a sus propietarios tras acreditarse su legítima procedencia y ahora se multiplican las denuncias contra efectivos policiales y funcionarios judiciales por presuntas vejaciones, violencia y procedimientos irregulares.
Lo que fue presentado oficialmente como un megaoperativo altamente exitoso contra una presunta banda de cuatreros que operaba en el Este provincial, terminó convirtiéndose en un verdadero escándalo judicial y policial que sacude a la investigación y pone bajo la lupa el accionar de los organismos que participaron del procedimiento.
El jueves de la semana pasada, un imponente despliegue de fuerzas desembarcó en el Puesto La Pastora, en la jurisdicción de Alijilán, departamento Paclín. Del operativo participaron personal de Abigeato, la División Montada, la D5, grupos especiales, auxiliares de la Justicia y otros efectivos policiales, además de vuelos de drones que sobrevolaron la zona durante los allanamientos.
Las comitivas irrumpieron en viviendas de la familia Montiveros y de otros pobladores rurales. Como resultado, fueron secuestradas más de 50 cabezas de ganado y caballos, trasladadas en un camión jaula, mientras varias personas fueron demoradas bajo la sospecha de integrar una organización dedicada al robo de animales.
Sin embargo, apenas 24 horas después, el operativo comenzó a desmoronarse. Los propietarios lograron acreditar documentalmente la legítima procedencia de la hacienda, motivo por el cual la totalidad de los animales fue restituida.
Graves denuncias
Lejos de finalizar allí, el caso derivó en una serie de denuncias penales contra quienes encabezaron el procedimiento.
Entre ellas se encuentran las presentadas por Luis Bautista Montivero, Alexander Sebastián Uriel Guerrero y Manuel René Navarro, quienes relataron episodios de extrema gravedad.
Según las presentaciones judiciales, los denunciantes sostienen que durante los procedimientos fueron amenazados, golpeados y presionados para admitir que integraban una banda de cuatreros.
Montivero denunció que el jefe de Abigeato, identificado de apellido Márquez, acompañado por varios efectivos, ingresó al predio preguntando por una vaca y que posteriormente él y sus familiares fueron intimidados. Además, afirmó que le secuestraron un caballo, su teléfono celular y otros bienes que hasta el momento de la denuncia no le habían sido restituidos.
Por su parte, Alexander Guerrero aseguró que los efectivos esposaron a integrantes de su familia, que un funcionario judicial golpeó a uno de sus tíos y que el propio jefe de Abigeato agredió físicamente a uno de sus primos. También denunció el secuestro de su teléfono celular.
En tanto, Manuel René Navarro denunció que durante el procedimiento fueron secuestrados un potro y una potranca de su propiedad, animales que aseguró no tenían relación alguna con la investigación.
La actuación de la delegada judicial
Uno de los aspectos más delicados de las denuncias apunta a la actuación de la delegada judicial que participó del procedimiento.
Los denunciantes sostienen que todas las presuntas agresiones, amenazas y presiones ocurrieron en presencia de la funcionaria judicial, quien actuaba como garante de la legalidad y transparencia del procedimiento, sin que —según los denunciantes— interviniera para impedir esos hechos.
"Nos obligaron a contratar abogados"
Andrés Montivero manifestó que, tras demostrar la propiedad de los animales, toda la hacienda fue restituida, aunque aseguró que aún faltan elementos personales secuestrados dentro de la propiedad durante los allanamientos.
Además, sostuvo que tanto él como los demás afectados debieron contratar abogados para defenderse de acusaciones que finalmente no pudieron sostenerse y ahora reclaman que se investiguen las presuntas vejaciones, los apremios ilegales, el abuso de autoridad y la violencia denunciada durante el operativo.
La causa abre ahora un nuevo capítulo, ya no centrado en un supuesto caso de abigeato, sino en el análisis del procedimiento llevado adelante por las fuerzas de seguridad y la actuación de los funcionarios judiciales que participaron del masivo despliegue realizado en La Pastora.
