La investigación judicial que involucra al diputado provincial José Javier Galán sumó un nuevo capítulo desfavorable para su defensa. El Juzgado de Control de Garantías de Cuarta Nominación rechazó el planteo de caducidad presentado por el abogado José Leonardo Berber y dejó un mensaje contundente sobre la forma en que se viene desarrollando el proceso.
Lejos de limitarse a una discusión técnica sobre plazos, la resolución contiene fuertes observaciones respecto de la estrategia procesal desplegada por la defensa. El magistrado sostuvo que no existió inactividad judicial, condición indispensable para declarar la caducidad de la investigación, y destacó que durante todo el trámite se produjeron medidas probatorias y resoluciones impulsadas por el propio tribunal.
Pero el aspecto más relevante del fallo aparece cuando analiza las numerosas apelaciones e incidencias promovidas por la defensa. Según la resolución, no resulta razonable atribuir al juzgado las demoras generadas por recursos impulsados por la propia parte que luego pretende beneficiarse con esos mismos tiempos procesales. Incluso, el juez habla de una eventual "caducidad provocada", una figura que considera incompatible con los principios de buena fe procesal.
La resolución también señala una contradicción en la postura defensiva. Mientras por un lado se impulsan recursos para ampliar medidas probatorias y cuestionar decisiones adoptadas durante la investigación, por otro se pretende que la causa quede cerrada por el vencimiento de un plazo. Para el tribunal, ambas posiciones resultan difíciles de compatibilizar.
El fallo adquiere especial relevancia porque se suma a una serie de decisiones judiciales adversas para la estrategia de la defensa. Cada resolución negativa va reduciendo el margen de maniobra procesal y agotando las herramientas disponibles para intentar frenar o clausurar anticipadamente la investigación.
En términos concretos, la Justicia ratificó que la investigación continuará su curso y que aún conserva plena facultad para resolver sobre el fondo de la cuestión una vez que se encuentren concluidas las instancias pendientes. Además, el magistrado recordó que los fueros parlamentarios no constituyen privilegios personales y que no pueden transformarse en mecanismos que impidan el avance de investigaciones vinculadas con denuncias de gravedad institucional y social.
El rechazo del planteo de caducidad representa así un nuevo revés para la defensa de Galán y refuerza la posición de quienes sostienen que la investigación debe avanzar hasta que la Justicia determine, con todos los elementos reunidos, cuál será el futuro procesal del legislador provincial. El mensaje del tribunal parece claro: las apelaciones son un derecho legítimo de cualquier imputado, pero no pueden convertirse en un argumento para cuestionar los tiempos que esas mismas presentaciones generan.
