Carlos López Véliz En el mismo expediente
también quedó imputada su hermana, Mariana Julieta Córdoba, quien al momento del hecho pertenecía a la Policía y está acusada de encubrimiento y abuso de autoridad.
El caso que conmocionó a Londres, departamento Belén, vuelve a quedar en el centro de la escena judicial a dos años del crimen de Luis Miguel Décima.
El hecho ocurrió el 21 de julio de 2024, cuando Décima sufrió graves quemaduras en una vivienda de Londres. El hombre tenía aproximadamente el 40% del cuerpo quemado y, pese a los esfuerzos médicos, murió el 29 de julio de ese año en el Hospital San Juan Bautista de la Capital como consecuencia de una lesión en las vías respiratorias provocada por las quemaduras.
Desde el comienzo de la investigación, la principal sospechosa fue su pareja, Miriam Eugenia Córdoba, quien quedó imputada por “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía”.
La investigación sostiene que el episodio se habría producido luego de una discusión entre la pareja. De acuerdo con la información incorporada a la causa, Décima habría manifestado su intención de no continuar acompañando a la hija de ambos, una niña que requiere atención médica permanente.
Tras sufrir las quemaduras, dos adolescentes que se encontraban en las inmediaciones habrían auxiliado a Décima utilizando una manguera, hasta la llegada de la asistencia médica. El hombre fue trasladado inicialmente al hospital de Londres, posteriormente al de Belén y finalmente derivado a la Capital, donde falleció días después.
DETENIDA Y CON PRISIÓN DOMICILIARIA
Miriam Eugenia Córdoba fue detenida el 2 de agosto de 2024.
El 20 de agosto de ese mismo año se realizó la audiencia de prisión preventiva ante el Juzgado de Control de Garantías de la Tercera Circunscripción Judicial, a cargo del juez Miguel Piovano.
La fiscal Florencia Reartes Sesto había solicitado que la prisión preventiva se cumpliera bajo la modalidad domiciliaria y no en una unidad carcelaria, teniendo en cuenta la situación particular de la hija de la pareja y la necesidad de cuidados permanentes por parte de su madre.
El magistrado hizo lugar al pedido y ordenó que Córdoba permaneciera bajo arresto domiciliario con custodia policial femenina permanente.
Desde entonces, la defensa cuestionó la fortaleza de las pruebas reunidas y planteó diferentes nulidades. También sostuvo que Córdoba habría atravesado un vínculo marcado por episodios de violencia y cuestionó la falta de perspectiva de género en el abordaje de la investigación.
Los planteos fueron rechazados en aquella instancia, aunque el juez había advertido al Ministerio Público Fiscal sobre la necesidad de extremar los cuidados en la tramitación de las actuaciones.
DOS AÑOS DESPUÉS, LA JUSTICIA RECHAZÓ EXTENDER LA PRISIÓN DOMICILIARIA
Con la causa todavía en etapa de instrucción, la fiscal Reartes Sesto solicitó extender la prisión preventiva domiciliaria de Córdoba, argumentando que se trataba de una investigación compleja y que todavía quedaban medidas probatorias por realizar.
Sin embargo, la Sala Penal de la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por María Fernanda Rosales Andreotti, Néstor Hernán Martel y Verónica Saldaño, consideró que los argumentos de la fiscalía no resultaban suficientes para justificar una nueva prórroga.
Los ministros señalaron que buena parte de las pruebas ya habían sido incorporadas al expediente, entre ellas informes del Laboratorio Satélite Forense sobre prendas de vestir y dispositivos electrónicos secuestrados.
Las medidas pendientes estaban relacionadas principalmente con la reconstrucción del hecho, una pericia a la acusada y algunas declaraciones testimoniales.
Para la Sala Penal, esas diligencias pendientes no permitían concluir que la investigación tuviera la complejidad necesaria para prolongar la prisión preventiva.
Además, el tribunal cuestionó el argumento de que Córdoba pudiera ejercer presión sobre testigos que viven en las inmediaciones de su domicilio, al considerar que la Fiscalía no había presentado elementos concretos que permitieran sostener ese riesgo.
Por unanimidad, la Sala Penal rechazó la prórroga y ordenó la libertad de Miriam Eugenia Córdoba, aunque bajo determinadas pautas de conducta.
LA OTRA HERMANA Y EL DATO QUE CAMBIÓ EL CASO
Pero dentro del mismo expediente aparece otro dato que le agrega un capítulo particularmente llamativo a la investigación.
La hermana de Miriam Eugenia Córdoba, Mariana Julieta Córdoba, también fue imputada en la causa.
Su situación es completamente diferente a la de su hermana: nunca estuvo privada de la libertad. Sin embargo, quedó vinculada al expediente bajo las figuras de “encubrimiento” y “abuso de autoridad”.
Según trascendió, al momento del crimen Mariana Julieta Córdoba se desempeñaba como integrante de la Policía.
De esta manera, la investigación terminó colocando a dos hermanas dentro de una misma causa penal: una como principal imputada por el homicidio de Luis Miguel Décima y la otra acusada de haber incurrido presuntamente en conductas destinadas a encubrir el hecho, además del supuesto abuso de autoridad.
UNA CAUSA QUE SIGUE ABIERTA
A dos años de aquella madrugada que terminó con la vida de Décima, la investigación todavía no llegó a juicio.
La causa continúa bajo investigación y deberá determinarse, con las pruebas incorporadas y las medidas que aún restan realizar, cuál fue exactamente la participación de cada una de las hermanas.
Mientras Miriam Eugenia Córdoba recuperó la libertad luego del fallo de la Sala Penal, Mariana Julieta Córdoba continúa vinculada al expediente por las imputaciones de encubrimiento y abuso de autoridad.
El caso mantiene así un particular componente judicial: dos hermanas imputadas dentro de una misma investigación, una acusada por el homicidio de su pareja y la otra, que era policía, señalada por un supuesto intento de encubrimiento.
