Marcatón judicial para la “abogada trucha”: deberá resarcir a las víctimas y hacer tareas comunitarias

Una nueva resolución judicial vuelve a poner bajo la lupa el caso de la mujer que, según la acusación, se hacía pasar por abogada para ganarse la confianza de sus víctimas y cobrarles dinero por supuestos servicios profesionales.
Micaela Reartes, de 36 años, imputada por 15 hechos de estafa, fue beneficiada con la suspensión del juicio a prueba y durante los próximos dos años deberá cumplir estrictas reglas de conducta, resarcir económicamente a las personas damnificadas y realizar tareas comunitarias.
La decisión fue adoptada por la Cámara Penal N° 3, integrada por los jueces Jorge Palacios, Marcelo Soria y Patricia Olmi, luego de analizar el pedido formulado por la defensa.
Uno de los puntos centrales del acuerdo es la reparación económica. Reartes deberá destinar un total de $2.298.500 para compensar a las víctimas. Quienes participaron de la audiencia aceptaron recibir los montos correspondientes al perjuicio que denunciaron.
En aquellos casos en los que los damnificados no se presentaron, el Tribunal resolvió que el dinero sea destinado a la Cooperadora del Hospital de Niños Eva Perón. Por este concepto, la institución recibirá $408.000.
Dos años bajo control
La probation no significa el cierre definitivo del caso. Durante dos años, la imputada deberá cumplir las condiciones fijadas por la Justicia. Entre ellas, fijar residencia, presentarse cada tres meses ante el Patronato de Liberados, abstenerse de consumir estupefacientes y de abusar del alcohol y, fundamentalmente, no cometer nuevos delitos.
Además, deberá realizar tareas comunitarias durante dos años en el Hospital de Niños Eva Perón, a razón de tres horas semanales y bajo coordinación de las autoridades de la institución.
Si incumple las condiciones establecidas, el beneficio podría ser revocado y el proceso penal continuará hasta su conclusión.
El mecanismo que investiga la Justicia
La investigación sostiene que Reartes se presentaba ante distintas personas como abogada y ofrecía servicios vinculados con asesoramiento y patrocinio jurídico.
En otros casos, habría ofrecido intervenir en operaciones relacionadas con la compra o venta de terrenos. Las víctimas entregaban dinero en efectivo, mediante transferencias o depósitos bancarios.
De acuerdo con la acusación, la utilización del supuesto título profesional habría sido el mecanismo utilizado para generar confianza y obtener las distintas sumas de dinero.
Las primeras denuncias fueron radicadas a fines de 2022 en las Unidades Judiciales N° 5 y 8.
Cuatro años después, la causa tuvo una salida alternativa: la probation. Ahora, la mujer deberá cumplir durante dos años las reglas impuestas, devolver parte del dinero reclamado y realizar trabajo comunitario.
El caso vuelve a instalar una pregunta inevitable: ¿cuánto pesa una estafa cuando son 15 las personas que aseguran haber sido engañadas?