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Ramón Elpidio Guaraz cumple una condena firme de nueve años de prisión por abuso sexual. Ahora será juzgado por la clausura del hospedaje San Antonio en Bañado de Ovanta en 2021. La acusación sostiene que la medida fue una represalia por el rechazo de la comerciante a sus pretensiones sexuales.
Ramón Elpidio Guaraz, exintendente de Santa Rosa, volvió a ser trasladado desde el Servicio Penitenciario Provincial de Miraflores hacia los tribunales de la Capital para enfrentar un nuevo debate oral. El exjefe comunal ya se encuentra en el Juzgado Correccional N° 1, donde es juzgado por el presunto delito de abuso de autoridad en calidad de autor.
Guaraz cumple actualmente una condena firme de nueve años de prisión por delitos contra la integridad sexual. Permanece detenido en el penal de Miraflores desde febrero de este año, cuando la Corte de Justicia dejó firme la sentencia en su contra.
El nuevo juicio está a cargo del juez Marcelo Forner. La acusación del Ministerio Público Fiscal es sostenida por la fiscal correccional Cynthia Romero, mientras que la defensa del exintendente es ejercida por el abogado Luciano Rojas.
La causa se originó por un hecho ocurrido en mayo de 2021, cuando Guaraz, en ejercicio de la intendencia de Santa Rosa, firmó el Decreto Municipal N° 23/2021 mediante el cual dispuso la clausura preventiva del hospedaje y playa de estacionamiento San Antonio, administrado por la comerciante Shirli Claribel Cordero, en Bañado de Ovanta.
De acuerdo con la acusación fiscal, el entonces intendente habría bloqueado los mecanismos administrativos que le permitían a la comerciante regularizar sus deudas tributarias para forzar la irregularidad del comercio y luego ordenar su cierre. La investigación sostiene que la medida habría sido adoptada como represalia por las reiteradas negativas de la mujer a sus acercamientos personales y propuestas de índole sexual.
El decreto de clausura fue declarado ilegal. En octubre de 2021, la Corte de Justicia de Catamarca dejó sin efecto la medida por unanimidad y permitió la reapertura del establecimiento.
En este nuevo proceso, la imputación se encuadra en la figura de abuso de autoridad prevista en los artículos 248 y 45 del Código Penal. El tribunal deberá determinar la responsabilidad penal de Guaraz en las decisiones adoptadas durante su gestión al frente del municipio de Santa Rosa.
El debate se desarrolla este jueves y se espera que declaren testigos y se incorporen pruebas documentales vinculadas al expediente administrativo de la clausura.
