Diez años después: un policía va a juicio por dejar a ocho aspirantes al borde de la muerte, y la Justicia vuelve a llegar tarde

El caso ocurrió el 30 de diciembre de 2016. Los chicos que soñaban con ser policías terminaron en terapia, con los músculos destruidos y los riñones colapsados. Algunos necesitaron hemodiálisis para seguir vivos. Diez años después, recién ahora la causa llega a juicio.
DESTACADA DEL DIA18/11/2026Carlos López Véliz Carlos López Véliz

El fiscal de Instrucción N° 5 del Distrito Norte, Hugo Costilla, concluyó la investigación penal preparatoria y elevó a juicio al policía Jorge Rolando Romano, imputado como coautor de “lesiones graves calificadas por ser cometido mediando abuso funcional de miembros de la fuerza policial, en concurso ideal (ocho hechos)”.

Según la acusación, durante el período de adaptación de aspirantes a ingresar a la Policía de la Provincia, en el campamento N° 1 de Las Pirquitas, departamento Fray Mamerto Esquiú, un grupo de aspirantes fue sometido a ejercicios físicos extremos y continuos, con escasos intervalos de descanso, sin la hidratación necesaria y bajo altas temperaturas. El resultado fue devastador: los ocho damnificados padecieron lesiones musculares e insuficiencia renal aguda de distinta gravedad.

La causa tuvo inicialmente seis policías imputados. La valoración de la prueba permitió descartar la participación de cuatro de ellos y, respecto de un quinto, se dictó el sobreseimiento por fallecimiento. Romano quedó como único acusado.

Para llegar a esta instancia, la investigación reunió numerosos testimonios de aspirantes, familiares y personas vinculadas con las actividades del campamento, historias clínicas de distintos hospitales y sanatorios, certificados médicos y exámenes del Cuerpo Interdisciplinario Forense. También se sumaron registros del campamento, documentación sobre la organización del período de adaptación, informes meteorológicos y una inspección judicial del lugar.

Un punto clave fue la pericia médica especializada realizada a través de un comité del Poder Judicial de Córdoba, que analizó historias clínicas, informes forenses y testimonios. Sus conclusiones vincularon los cuadros de rabdomiólisis e insuficiencia renal aguda con el esfuerzo físico excesivo, las condiciones inadecuadas de asistencia y logística y la elevada temperatura.

Pero más allá del avance procesal, el dato que impacta es otro: la mora judicial. Pasó una década entera entre el hecho y la elevación a juicio. Una década en la que las víctimas crecieron, cambiaron de vida y siguieron esperando una respuesta del Estado. Una década en la que el expediente acumuló medidas, planteos y trámites, mientras el tiempo jugaba a favor del olvido.

Y mientras el proceso se arrastraba, las realidades de unos y otros fueron en direcciones opuestas. Según remarcan las víctimas y su entorno, el imputado gozó de todos los beneficios durante el proceso y logró pasar a retiro con la mayor categoría en su jubilación. Es decir: la causa siguió su curso lento, pero su carrera no se detuvo. Otro de los imputados, en tanto, falleció antes de llegar a juicio, sin que la Justicia definiera su situación.

Del otro lado quedaron los ocho jóvenes. Ellos habían llegado a Las Pirquitas con un proyecto de vida claro: ingresar a las fuerzas como ciudadanos de bien, para el servicio de la comunidad. Ese proyecto se frustró. Las secuelas físicas, los tratamientos, el miedo y la desilusión marcaron un antes y un después. No solo perdieron la posibilidad de ser policías: perdieron años de vida esperando que alguien les dijera qué pasó y quién era responsable.

El antecedente más incómodo para el Poder Judicial catamarqueño es el de la Alcaidía, una causa donde estuvieron involucrados hasta funcionarios judiciales y que, a principio de este año, terminó prescribiendo. Es decir: nunca hubo juicio, nunca hubo condena, nunca hubo verdad judicial. El tiempo, otra vez, terminó siendo la mejor defensa.

El contraste es inevitable. Cuando los investigados son policías, o cuando la trama roza al propio sistema judicial, los plazos se estiran, las causas se enfrían y la prescripción aparece como una sombra permanente. La elevación a juicio de Romano es, sin dudas, un paso importante. Pero llega con diez años de demora, y con la pregunta que la sociedad catamarqueña se repite cada vez que un caso de violencia institucional se arrastra en los tribunales: ¿la Justicia llega tarde, o directamente no llega?

Ahora será un tribunal el que deberá juzgar si hubo abuso funcional y responsabilidad penal. Las víctimas, que en 2016 eran apenas aspirantes, esperan desde hace una década que alguien les diga qué pasó y quién pagó por eso.

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