El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Familia de Tinogasta pidió al Ministerio de Seguridad de la Provincia aplicar medidas ejemplificadoras a un comisario general de la Policía, en un fallo por hechos de violencia en perjuicio de personal subalterno. La causa por violencia de género tuvo sentencia a principios de julio pero recién se conoció ayer.
En la parte resolutiva se ordenó librar oficio a ese ministerio, a cargo de Fabiola Segura, para "exhortar se capacite a todo el personal dependiente de la Unidad Regional N°5 en perspectiva de género y violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, en el marco de la Ley Micaela N° 27499".
Además, exhorta a la autoridad ministerial a "adoptar medidas ejemplificadoras para con el denunciado comisario general" Cedrón, a los fines de que "no se repitan situaciones similares".
 

La causa se inició a fines de julio de 2021, cuando una mujer policía denunció al oficial en la unidad de Violencia de Género ubicada en la Capital, desde donde rápidamente se dio intervención a ese Juzgado de Familia, que inició la investigación y en menos de un año emitió sentencia. De acuerdo con el fallo, la mujer denunció en reiteradas ocasiones al comisario por "violencia de género, psicológica, simbólica y hostigamiento".

 
La damnificada, que posee título docente y una licenciatura, explicó a este diario que llegó a ver perjudicada su carrera en la institución policial por calificaciones negativas, y que a raíz de la denuncia penal, la Jefatura de Policía dispuso en forma "excepcional" anular esa calificación -emitida por el comisario-, y emitió una nueva con puntaje muy superior al anterior.

Los hechos tuvieron lugar en la Comisaría de Tinogasta, de ahí que el fallo involucre a todo el personal de esa dependencia -que no habría reaccionado ante los abusos de autoridad llevados a cabo en varias ocasiones delante de otros subalternos-, y a la Unidad Regional N°5, ya que además, en ese momento el jerarca era jefe de zona.

A pesar de la gravedad de las acusaciones y la causa judicial, el Ministerio de Seguridad inició una "investigación administrativa" o sumario, y lo reasignó en la Dirección Comunicaciones.