Una docente de nivel inicial del colegio privado San Agustín de la ciudad de Santa María, departamento homónimo, fue apartada de su cargo por sospechas de maltrato a alumnos de entre 3 y 4 años.
La mujer habría agredido a los alumnos en reiteradas ocasiones. Ante la sospecha, un grupo de padres colocó en la mochila de uno de los niños un celular y lograron registrar gritos y otros supuestos maltratos.
Supuestamente, la docente llegó a negarles el refrigerio a los chicos.
 

Los hechos ocurrieron a principio de mes y aproximadamente el 16 de agosto los directivos de la institución fueron anoticiados de las irregularidades.

 
Los sucesos tomaron estado público ayer al difundirse un comunicado emitido el martes por las autoridades del colegio, en el que informaban haber tomado conocimiento a través de la denuncia formulada por los padres en la dirección de la escuela.

Los directivos indicaron que se "procedió a adoptar las medidas conducentes a dar solución al problema planteado a través de la implementación de mecanismos previstos en el marco normativo". 

 

 
Se pudo conocer que los padres de los niños no denunciaron a la docente y que será la institución escolar la que realizará la denuncia penal en su contra. También se informó que al ser consultada sobre los hechos, la sindicada admitió su "error" y sacó licencia. En su lugar, otra maestra quedó a cargo de efectuar el período de adaptación en la sala de 3 años.

En diálogo con este diario, un grupo de padres que solicitó mantener en reserva su identidad, aseguró que "las irregularidades llevan tiempo en la escuela, pero nadie se anima a denunciar. Estamos pidiendo que sea desvinculada de la institución y que los demás padres se animen a denunciar las malas prácticas docentes".

Desde el Ministerio de Educación se informó que intervino la Dirección Provincial de Educación de Gestión Municipal, Privada, Social y Cooperativa, a cargo de Pablo Figueroa, para brindar asesoramiento sobre la implementación de medidas.

Antecedentes

En las últimas semanas fueron registradas varias denuncias por hechos de violencia hacia alumnos en instituciones escolares.

Paralelamente a la acción penal intervino Educación, que dio inicio a una investigación administrativa para determinar la responsabilidad de cada docente sospechado.

En todos los casos los educadores sospechados fueron denunciados penalmente por los padres de los alumnos y/o por el Ministerio de Educación.

La Dirección Provincial de Sumario Docente del Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos los apartó del cargo, disponiendo provisoriamente la realización de actividades en otras instituciones.

Desde la cartera educativa remarcaron la reciente publicación y distribución de un "protocolo de actuación ante situaciones complejas en la instituciones educativas".