Tucumanos y Santiagueños no podrán votar.

Tras las denuncias realizadas ante el Juzgado Federal con competencia Electoral, se inició la investigación por las posibles alteraciones en el padrón de cara a las elecciones de agosto y octubre de este año. El secretario electoral, Martín Blas, confirmó que se revisará cada caso antes de emitir un informe.

 
La semana pasada se presentaron dos denuncias por padrones supuestamente alterados en Santa Rosa y en Antofagasta de la Sierra y, el viernes venció el plazo previsto en el cronograma electoral para las observaciones sobre el padrón que fue publicado el 5 de mayo.
 
 
En declaraciones a Radio Ancasti, Blas aseguró que el equipo electoral del Juzgado ya trabaja con el listado de ciudadanos que fueron denunciados por tener posiblemente un domicilio falso y explicó que ingresarán al sistema para verificar los datos y hacer un informe, como paso previo para dar curso a las denuncias.
 

El jueves, el concejal de Bañado de Ovanta, Mario Páez y el abogado Antonio Acuña, denunciaron que cerca de 600 personas aparecieron en el padrón provisorio de Santa Rosa, a pesar de no residir en el lugar.

 

 
En tal sentido, habían solicitado que la Justicia investigue la situación de estos ciudadanos que serían de provincias vecinas y expresaron sus sospechas respecto de que habrían sido inscriptas en el departamento "con fines electoralistas" vinculados al intendente Elpidio Guaraz (FT).

Según explicaron, estas 600 personas están divididas en dos grupos: por un lado habría personas que nunca vivieron en Santa Rosa y por otro, habría ciudadanos que no viven en Santa Rosa y lograron determinar que residen en Tucumán y Santiago del Estero, donde además habrían votado en las elecciones pasadas.

En Antofagasta de la Sierra, por otra parte, el exsenador Mario Carrizo y el abogado Alejandro Bambicha presentaron una impugnación al considerar que "es fácilmente comprobable la incorporación de personas que no son oriundas ni residentes de la comunidad con fines electorales" y vincularon la maniobra al intendente Julio Taritolay (UCR).

 
Según denunciaron, son más de 500 personas que se habrían anotado incluso en un mismo domicilio. Allí advirtieron, además, que según el último censo la población es de 2.008 habitantes, mientras que el padrón publicado tiene unos 1.839 habilitados para votar.