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Sebastián Argibay, -que interviene en la causa RT Inversiones SRL tras la inhibición del juez federal será quien indagara a los detenidos.
JUDICIALES 12/05/2022
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El juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, -que interviene en la causa RT Inversiones SRL tras la inhibición del juez federal catamarqueño Miguel Ángel Contreras-, viajará en las próximas horas a Catamarca para indagar a los propietarios y gerentes de esa empresa detenidos ayer en el marco de la investigación.
Fuentes judiciales informaron que el magistrado ordenó la detención tras la solicitud realizada el lunes por el fiscal de la causa, Rafael Vehils Ruiz, en consonancia con los requerimientos realizados por los abogados Lucio Montero y Bruno Jerez, querellante con más de 30 denuncias; y Alfredo Aydar.
La medida, que incluyó el allanamiento de viviendas y comercios, se inició en horas de la madrugada y se extendió hasta el cierre de esta edición, y estuvo a cargo de personal de Gendarmería Nacional.
Antes del mediodía los gendarmes se presentaron en las oficinas de calle Rivadavia, entre Esquiú y República, y en una vivienda ubicada en la zona alta de la ciudad donde acreditaron domicilio Edgardo Edmundo Bulacio y Edgardo Federico Bulacio, padre e hijo, propietarios de la firma .
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Otro de los lugares allanados fue un local comercial ubicado por avenida Galíndez, perteneciente a Ariel Vergara. Los allanamientos se realizaron en presencia de los imputados, quienes posteriormente fueron detenidos y alojados en la Comisaría de Sumalao, departamento Valle Viejo, y la Comisaría de la Mujer, respectivamente.
Se espera que el juez santiagueño los indague y posteriormente defina la situación de cada uno y su lugar de detención. También se ordenó las detenciones de Alicia Estela Nieva (esposa de Edmundo y madre de Federico), Exequiel Matías Rolón Reinoso y Carolina María Bonfanti, contadora de la firma.
Los seis sospechosos están imputados por el supuesto delito de “lavado de activos, asociación ilícita, intermediación financiera sin autorización y defraudación”.
Fuentes judiciales consultadas por este diario informaron además que durante las detenciones y allanamientos hubo inconvenientes y demoras al acreditar los domicilios de los imputados.

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