MATIAS QUIERE EVITAR LA PRESIÓN PERPETUA.
condenado por el crimen de Adrián Ramos busca revocar la sentencia Un jurado halló culpables a Matías Córdoba y a Luján Robledo. Él cumple pena perpetua y ella, una pena de cuatro años.
EL abogadobJuan Zelarayan fue denunciado por una supuesta maniobra para evitar un desalojo presentando un escrito cuando se encontraba fuera del país.
DESTACADA DEL DIA05 de noviembre de 2024Redaccion Catamarca en canaEn un giro complejo en una causa de larga data, el abogado penalista Pedro Justiniano Vélez presentó una denuncia ante la Fiscalía General contra dos abogados locales, acusados de presunta estafa procesal, falsificación de documentos y maniobras para evitar un desalojo en el microcentro de Catamarca. Vélez explicó que este caso se enmarca en un expediente que lleva varios años en trámite y que tiene antecedentes judiciales, incluyendo un juicio sucesorio en el cual la heredera legítima habría sido despojada de su bien. Según Vélez, el conflicto surgió cuando personas ligadas a un antiguo administrador del inmueble tomaron posesión del mismo, en una situación que comparó con el acto de entregar un inmueble a una inmobiliaria para luego descubrir que el propietario original queda desplazado.
Además, la fiscalía ya había imputado a varios involucrados por delitos de usurpación y defraudación en otro expediente relacionado, el cual está listo para ser elevado a juicio.
Uno de los abogados denunciados es el doctor Juan Celarayán, quien, además de ejercer su profesión, ocupa un cargo público como presidente de la Caja de Crédito Municipal. Según la denuncia, Celarayán habría estado en Europa en el momento en que se presentaron ciertos escritos a su nombre en tribunales locales, algo que ha generado sospechas sobre la autenticidad de las firmas. “Incluso los mismos tribunales observaron la contradicción en estos escritos, ya que el abogado declaraba estar en Europa, pero los documentos aparecían firmados como si estuviera presente en Catamarca”, señaló Vélez, subrayando la creciente desconfianza en la autenticidad de los documentos.
La Fiscalía General ha iniciado una investigación para confirmar la veracidad de estas acusaciones y establecer las responsabilidades correspondientes, en un caso que podría tener importantes implicancias legales y patrimoniales para los implicados.
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