Asalto, acuerdo y sobreseimiento Maidana acusó al Legislativo por falta de reglamentaciones

 
 
 
 
 
Por la fuerte repercusión generada como consecuencia del acuerdo entre damnificados de un asalto y sus agresores, que derivó en el sobreseimiento total y definitivo de los acusados, el juez de Control de Garantías N°1, Héctor Rodolfo Maidana defendió su resolución y apuntó al Poder Legislativo.
 
 
 
 
 
 

 
El acuerdo entre las partes fue realizado ante el fiscal de la causa y consistió en pagos ante escribano a la víctima, Matías Exequiel Rolón Reynoso, procesado con prisión preventiva domiciliaria en el marco de la causa RT Inversiones. Los sospechosos fueron Guillermo Hernán Nieva (34), Diego Marcelo Arroyo (44), Camilo Alberto Carrizo (34) y Fernando Ariel Pacheco (40), quienes estuvieron detenidos con prisión preventiva por "robo doblemente calificado por el uso de armas y por ser cometido en poblado y en banda en calidad de coautores".
 
"Las legislaturas provinciales podrán reglamentar la aplicación del Art 59 inciso 6 del Código Penal, que establece que la acción penal se extinguirá por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes. Los legisladores pueden establecer cómo será la aplicación de ese instituto", justificó el magistrado.
 
 
"Lo que podría poner una legislatura, es que la causal no podrá proceder en el caso en que se hayan usado armas, en que haya habido violencia contra las personas, abuso sexual contra menores de edad o que el acuerdo no procederá en los casos de personas que tengan antecedentes. Y acá en Catamarca -como en otras provincias-, no ha sido reglamentado", remarcó.

 

 
Advirtió que la Corte Suprema de Justicia de la Nación "ha dicho que dado el tiempo que transcurrió desde su sanción y que no fue reglamentada, no es obstáculo para su aplicación (la falta de reglamento). En todo caso, habría que preguntarle a las víctimas porque llegaron a un acuerdo".

Explicó que el acuerdo "fue reafirmado en forma voluntaria, y las partes lo ratificado frente al fiscal" del caso, Hugo Costilla.

"De haber ido a juicio les cabía pena de entre 6 y 15 años de prisión, es muy grave pero la ley establece la causal y la propia víctima que ha sufrido la violencia y las amenazas, ha llegado a un acuerdo. Ellos sabrán las razones que los llevó a arribar a ese acuerdo.

"Los testigos quedan expuestos. Si llegaron a un acuerdo, los acusados y las víctimas será que hacen un borrón y cuenta nueva, no se sabe", finalizó.