SE DECLARARON CONFESÓ DELINCUENTES Y AHORA ESTAN ARREPENTIDOS.

 
 

Según una encuesta que se hizo en noviembreGran disconformidad de condenados en juicios abreviados con sus defensores
Internos del Servicio Penitenciario consideraron que no fueron asistidos de manera adecuada por abogados públicos ni privados. Los datos surgieron de una encuesta que se hizo en noviembre de 2024.
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
Reveladores. Así fueron los datos que brindaron internos hombres del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) de Miraflores, Capayán, cuando les consultaron si fueron adecuadamente asistidos por sus defensores durante los juicios abreviados que afrontaron. El 56,4% consideró que sí y el 43,6% aseguró que no.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Esta información se desprende de la primera encuesta a personas privadas de su libertad en el SPP, que se realizó en noviembre del 2024, en el marco del programa Delito y Sociedad de la Universidad Nacional del Litoral. La encuesta fue dirigida por el abogado y doctor en Derecho, Máximo Sozzo, en representación de la Universidad Nacional del Litoral. También participaron Mara Murúa, Steffy Crook, Santiago Emanuel Ahumada, funcionarios del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la Provincia. En la encuesta, además, intervinieron estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca.

La encuesta abordó varias temáticas, pero una de las más relevantes fue la vinculada con los juicios. A los internos les preguntaron sobre qué tipo de procedimiento judicial se utilizó en la condena: un 41,9% respondió que fue en juicio oral y público; un 44,2% en juicio abreviado y el 14,0% no supo o no contestó. Por otra parte, les consultaron si la condena que les impusieron en el procedimiento abreviado fue justa: el 42,1% consideró que sí; el 26,3%, que no; el 28,1% estimó que no porque la condena era más alta de lo que hubiere correspondido; y el 3,5% no supo o no contestó.

 
“El procedimiento abreviado como mecanismo de condena sin juicio ha sido muchas veces criticado en el debate académico, legislativo y judicial por no cumplir con el respeto de las garantías constitucionales y legales. Una parte importante de los condenados por este mecanismo que hemos encuestado en Catamarca sostiene que la condena que les fue impuesta fue justa (más de 4 de cada 10). Sin embargo, más de un cuarto sostuvo que no fue justa pues era inocente. Y una proporción levemente menor señaló que la condena era injusta porque su severidad era mayor a la debida”, detallaron los encuestadores.

 
Otro de los puntos que se trató estuvo relacionado con la asistencia legal que recibieron durante los juicios abreviados: el 41,8% contó con defensor público y el 58,2% con defensor privado. Además, les preguntaron si fueron adecuadamente asistidos por sus defensores en los procedimientos abreviados: el 56,4% dijo que sí y el 43,6% consideró que no. También les consultaron si acordaron que sus casos se cerraran por juicio abreviado en forma voluntaria: el 69,1% manifestó que sí; el 27,3% respondió que no; y el 3,6% no supo o no contestó.

“En un sentido extraordinariamente problemático, más de un cuarto de los encuestados condenados por procedimiento abreviado señaló que no acordaron voluntariamente que su caso se cerrara por esta vía, lo que revela la importante presencia de situaciones de coerción indebida en este marco en la provincia de Catamarca. La gran mayoría de los encuestados que fueron condenados por procedimiento abreviado (casi dos tercios del total) sostiene que por esta vía obtuvieron una condena menos severa que las que les hubiera correspondido en un juicio oral y público, por lo que construyen una valoración de este resultado que resulta positiva”, añadieron los encuestadores.

Motivo
Los organizadores resaltaron que, a partir de un convenio realizado entre el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Seguridad de la Provincia y el programa Delito y Sociedad de la Universidad Nacional del Litoral, se diseñó y llevó adelante esta primera encuesta a una muestra representativa de las personas privadas de su libertad en sede penitenciaria en Catamarca, destinada a conocer en forma detallada sus experiencias y representaciones en torno a la vida en estos contextos de encierro.

Según explicaron, en el mundo académico no abundan estudios empíricos fundados en encuestas a personas privadas de su libertad, tanto por problemas de disponibilidad de recursos para llevarlos adelante como por dificultades de acceso a los contextos de encierro.

El estilo de encuesta que encarnan los precedentes apenas señalados es el que el programa Delito y Sociedad de la Universidad Nacional del Litoral viene desarrollando. Se trata de iniciativas ambiciosas pues abarcan temáticas múltiples y tratan de recabar las experiencias y visiones de todas las personas privadas de su libertad en una jurisdicción específica.

Esta encuesta en Catamarca ha implicado un importante esfuerzo conjunto de los equipos de las instituciones estatales involucradas, que ha demandado un extenso trabajo de campo, así como un igualmente extenso proceso de producción y análisis de los datos empíricos. Se ha sumado a esta tarea la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca, pues quienes han trabajado como encuestadores en esta edición han sido alumnos avanzados de su carrera de abogacía que tenían alguna familiaridad con los contextos de encierro de la provincia en función de haber participado de un esquema de apoyo a estudiantes universitarios privados de su libertad o en capacitaciones realizadas en estos escenarios que tuvieron a las personas privadas de su libertad como destinatarias, precisaron.

Dada la enorme cantidad de información empírica generada sobre múltiples dimensiones de las experiencias y visiones de las personas privadas de su libertad en las prisiones catamarqueñas, se ha decidido privilegiar en este informe una mirada general que toma al conjunto de la población penitenciaria catamarqueña como un todo, remarcaron.

En este sentido, estas voces desde el encierro constituyen un insumo muy importante para la toma de decisiones en el marco de la política penitenciaria en Catamarca e interpelan a los diversos poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) así como a la sociedad civil, identificando problemas acuciantes sobre los que es preciso intervenir urgentemente, enfatizaron.