Alarma en La Paz por polémica decisión judicial

El chacal de Recreo recibió un beneficio a pesar de tener una condena de 12 años de prisión

DESTACADA DEL DIA13/05/2025Carlos López Véliz Carlos López Véliz


La Justicia otorgó la prisión domiciliaria a un ex policía condenado por abusar sexualmente de dos niñas menores de 8 años. El fallo, que se concretó este mediodía, generó profunda preocupación en la comunidad de Recreo, donde ocurrieron los aberrantes hechos.


Una medida judicial generó conmoción y repudio en el departamento La Paz. Ayer se conoció el fallo que benefició con la prisión domiciliaria a un ex policía retirado, identificado como López, condenado a 12 años de prisión efectiva por abuso sexual con acceso carnal agravado contra dos niñas menores de edad.

Según se informó, la decisión fue adoptada por el tribunal luego del planteo presentado por el abogado defensor Iván Godoy. Este mediodía, una unidad de traslado del Servicio Penitenciario de Miraflores concretó la salida del condenado, quien fue alojado en un domicilio particular de la ciudad de Recreo, lugar donde años atrás cometió los aberrantes abusos.

Cabe señalar que durante el juicio oral, López se declaró confeso ante el tribunal, lo que fue considerado como un atenuante a la hora de fijar el monto de la pena. Esto derivó en que la condena fuera de 12 años, pese a que por la gravedad y cantidad de los hechos, la expectativa de pena permitía una condena aún mayor.

El regreso del condenado a la localidad reactivó la preocupación de vecinos, organizaciones sociales y sectores que velan por los derechos de la infancia, que advierten sobre el riesgo de revictimización y cuestionan que quienes cometen delitos sexuales puedan acceder a este tipo de beneficios.

Distintas voces remarcaron que si bien la ley permite la prisión domiciliaria bajo determinados parámetros, resulta indispensable un abordaje más riguroso y restrictivo en casos donde están en juego los derechos de las víctimas y la seguridad de la comunidad.

La decisión también reavivó el debate sobre el alcance de las recientes modificaciones legislativas en materia penal y la necesidad de un mayor control sobre el cumplimiento efectivo de las condenas por delitos contra la integridad sexual, especialmente cuando involucran a menores de edad.

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