
TREMENDO ESCÁNDALO EN LA LIGA DE VETERANOS: JUGADORES Y ÁRBITROS AGREDIDOS.
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La joven fue abusada y contagiada de sífilis por uno de los imputados. La querella, a cargo del abogado Sebastián Ibáñez, denunció mora judicial.
DESTACADA DEL DIA03/08/2025Una joven víctima de abuso sexual espera justicia desde hace más de cuatro años. El caso ocurrió en el departamento Belén y tiene como acusados a dos sujetos imputados por gravísimos delitos sexuales, uno de los cuales la contagió de sífilis. Ambos permanecieron en libertad durante gran parte del proceso, pese a la gravedad de los hechos.
Uno de los imputados fue arrestado recién después de violar en tres ocasiones la restricción perimetral impuesta y amenazar de muerte a la víctima. La querella, encabezada por el abogado Sebastián Ibáñez, denunció una parálisis judicial de más de un año y solicitó a la Justicia que la causa sea elevada de inmediato a juicio oral.
Los acusados, identificados como A.B.A. y M.G.A., enfrentan cargos por abuso sexual con acceso carnal y abuso gravemente ultrajante, como autor y partícipe necesario, respectivamente. Además, A.B.A. fue imputado por desobediencia judicial (dos hechos) y desobediencia y amenazas en concurso ideal (un hecho).
El caso fue instruido en primera instancia por la fiscal María Reartes Sesto, quien avanzó con las imputaciones iniciales. Con el tiempo, también intervino la fiscal de Cámara Silvia Álvarez, quien ahora deberá evaluar la solicitud de elevación a juicio y si corresponde avanzar en sanciones por las reiteradas violaciones a las restricciones impuestas.
El daño físico y emocional para la víctima fue severo. No solo fue sometida sexualmente sino que, como consecuencia, resultó infectada con una enfermedad de transmisión sexual, lo que profundizó su padecimiento. Desde la querella se cuestiona también el rol institucional de la Justicia frente a situaciones de esta gravedad.
El abogado Sebastián Ibáñez fue contundente: “Es inconcebible que con hechos tan graves y pruebas contundentes, la causa haya estado paralizada tanto tiempo. La víctima sigue esperando justicia mientras los imputados caminaron libres durante años”.
Este caso expone, una vez más, los riesgos de las demoras judiciales en delitos sexuales, donde el paso del tiempo agrava la revictimización y debilita la confianza de las víctimas en el sistema.
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Cinco imputados se sientan en el banquillo de los acusados por el crimen de Marcelino Pachado, ocurrido en 2017. Cuatro integrantes de la familia Barros enfrentan cargos por homicidio agravado, mientras que Gustavo Varela responde en libertad por encubrimiento.
La menor fue hallada sin vida en la casa de su abuela, en el paraje Campo Los Calivas de Corral Quemado. La Justicia investiga el hecho y ordenó la autopsia para determinar las causas.
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