Carlos López Véliz La paralización del Concejo Deliberante pone en riesgo el pago de sueldos y expone un conflicto judicial-político, mientras Ramón “Kiki” Olveira sigue vinculado a causas por usurpación de autoridad y ejercicio ilegal de la función pública.
La fiscal subrogante Paola González Pinto solicitó medidas cautelares ante el Juzgado de Control de Garantías para habilitar las cuentas bloqueadas del Concejo Deliberante de Los Altos, luego de que el Banco Nación las restringiera por el cambio de titularidad realizado por Olveira.
El episodio evidencia un grave desorden institucional, con la figura de Olveira nuevamente en el centro del conflicto. La situación judicial no solo complica la normal gestión del Concejo, sino que también amenaza el pago de sueldos del personal, generando preocupación entre empleados y vecinos.
“La institucionalidad está en jaque. No puede un funcionario en conflicto judicial decidir unilateralmente sobre recursos del Estado”, señalaron fuentes cercanas al caso.
