Juicio bajo censura

La audiencia se puso en marcha en la Cámara Penal N° 3, pero el juez Jorge Rolando Palacio prohibió registros fílmicos y fotográficos. Ante la vedada labor periodística, se aguardará un informe oficial de prensa de la Corte de Justicia sobre el desarrollo del MIF.

Este martes comenzó en la Cámara Penal N° 3 el juicio contra el excomisario Jorge Vera, acusado por la muerte de Lucas Mohamad, un joven trabajador de Londres (Belén) que perdió la vida en un siniestro vial ocurrido el 28 de marzo de 2023 sobre la Ruta Nacional N° 40.

De acuerdo con la investigación, Vera conducía una camioneta Ford Ranger cuando embistió de manera violenta la motocicleta en la que se trasladaba Lucas, quien regresaba a su hogar tras salir de su trabajo. El impacto fue fatal: aunque el joven fue trasladado al hospital de Belén, falleció pocos minutos después a causa de las graves lesiones.

La querella, representada por la Dra. Silvia Barrientos, fue categórica al afirmar que el hecho no debe considerarse un “accidente”, sino el resultado de una conducción temeraria e irresponsable por parte del exjefe policial.

La audiencia de inicio estuvo marcada por dos hechos de alto impacto: por un lado, el desistimiento de algunos testigos, lo que redujo la nómina prevista inicialmente; por otro, la polémica decisión del juez Jorge Rolando Palacio de prohibir la transmisión audiovisual y la toma de registros fílmicos y fotográficos dentro de la sala.

Esta determinación generó un inmediato malestar en sectores de la prensa y en referentes de derechos humanos, quienes la calificaron como una forma de censura judicial que limita la publicidad de los juicios orales y el derecho de la sociedad a conocer cómo se desarrollan debates de alto interés público.

La restricción contrasta con antecedentes recientes como el caso Kotler, en el que la transmisión en vivo fue habilitada, y con la normativa que establece limitaciones audiovisuales solo en juicios de instancia privada —como los vinculados a delitos sexuales— o cuando pueda afectar la declaración de testigos. Ninguno de esos supuestos se aplica al proceso que tiene en el banquillo a Vera.

Ante esta veda informativa, se dispuso que el seguimiento público del debate se hará a través de un informe oficial que la Corte de Justicia difundirá en las próximas horas en relación con el desarrollo del Módulo de Instrucción Formal (MIF).

El caso no solo pone en juego la responsabilidad penal de un excomisario en un siniestro vial fatal, sino también la vigencia de principios democráticos esenciales, como la transparencia judicial y la libertad de prensa.