La provincia endurece sanciones económicas y obliga a los padres a involucrarse en la prevención del acoso escolar.
DESTACADA DEL DIA02/10/2025
Carlos López Véliz
El Gobierno de Mendoza presentó un proyecto de reforma del Código de Contravenciones que apunta a sancionar el bullying escolar, responsabilizando directamente a las familias de los menores agresores. La medida surge tras el grave incidente en la escuela Marcelino Blanco, del departamento de La Paz, donde una adolescente de 14 años ingresó con un arma, efectuó disparos al aire y se atrincheró durante horas.
La propuesta contempla multas de hasta $2.100.000 y un máximo de 50 días de trabajo comunitario para los adultos que no acompañen ni intervengan en la corrección de conductas violentas de sus hijos. Además, establece la convocatoria obligatoria a mediación y talleres de parentalidad para las familias involucradas, con el objetivo de prevenir reincidencias y garantizar la protección de las víctimas.
El nuevo protocolo de actuación escolar incluye la identificación temprana de casos, registro de hechos, comunicación inmediata con las familias, planes de acción urgentes, seguimiento y cierre formal de cada situación. Asimismo, dispone la derivación de los estudiantes implicados a equipos técnicos, organismos de protección de derechos de la infancia y la Justicia provincial, según corresponda.
Este endurecimiento legal coincide con la situación de un adolescente hospitalizado tras sufrir bullying, que evidencia la gravedad de los episodios de violencia escolar en Mendoza y la necesidad de respuestas rápidas y efectivas por parte de escuelas y familias.
“El bullying no es un juego ni una broma pesada. Es violencia que lastima y deja marcas profundas en nuestros chicos y chicas. Por eso necesitamos familias presentes y corresponsables”, remarcó el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar.
La medida busca que las escuelas no enfrenten solas esta problemática, promoviendo una cultura de convivencia pacífica, intervención inmediata ante los agresores y reparación integral para las víctimas, todo bajo la premisa de responsabilidad familiar compartida.
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