A tres meses de la tragedia, la familia de Nazareno Maza denuncia abandono judicial

A más de tres meses del siniestro que le costó la vida a Oscar Nazareno Maza (25), trabajador precarizado de la Municipalidad de Pozo de Piedra, su familia volvió a exigir que la Justicia avance con la pericia accidentológica sobre la camioneta oficial en la que el joven perdió la vida.

El fatal hecho ocurrió el 18 de julio, cuando la Toyota Hilux municipal que conducía Maza salió de la ruta y terminó volcando en la Ruta Provincial N°144, en el distrito Pozo de Piedra, departamento Belén.

Desde entonces, los familiares —asesorados por la abogada Marcela González— mantienen viva la lucha por esclarecer lo ocurrido. Acusan negligencia y desinterés judicial, al señalar que el rodado fue entregado nuevamente al municipio poco después del siniestro, sin haberse realizado las pericias técnicas de rigor, lo que podría haber comprometido evidencias clave.

“A Naza no lo lloramos por un accidente inevitable, sino por una negligencia evitable. Mientras su madre reza, quienes lo explotaron y abandonaron siguen libres, como si nada hubiera pasado”, expresaron en un duro comunicado publicado en redes sociales durante el Día de los Fieles Difuntos.
Los familiares consideran que el siniestro pudo haberse evitado y apuntan a las condiciones laborales y al uso irregular de vehículos oficiales. “Nazareno no debería haber estado al volante de una camioneta del municipio. Era un trabajador precarizado y lo mandaron a cumplir tareas sin respaldo ni control”, remarcaron.

La causa se encuentra bajo la órbita de la Fiscal de Instrucción María Florencia Reartes Sesto, y fue objeto de denuncias ante la Procuración General y la Oficina de Sumarios de la Corte de Justicia por presunta inacción.

En septiembre, tras el reclamo de la querella, la fiscalía ordenó el secuestro del vehículo para su resguardo en la Comisaría Departamental de Belén y la intervención del Laboratorio Satélite Forense de la Corte de Justicia para realizar las pericias pendientes. Sin embargo, hasta el momento, la familia asegura que no recibió resultados ni avances concretos.

“Pasaron más de tres meses y seguimos esperando. No queremos venganza, queremos la verdad. Nuestro hijo no murió: lo dejaron morir”, sentenciaron.
La comunidad de Pozo de Piedra acompaña el reclamo, mientras el caso vuelve a poner bajo la lupa las condiciones laborales en los municipios del interior y el uso de vehículos oficiales sin control.