Los asaltantes del Parque América podrían volver a prisión

 
La Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos dio un golpe de efecto en la causa conocida como las “absoluciones pagas”, al revocar por unanimidad la resolución del juez de Control de Garantías de Tercera Nominación, Lucas Vaccaroni. Con este fallo, se abre la posibilidad de que los cuatro asaltantes del violento robo a los hermanos Rolón Reynoso en barrio Parque América vuelvan a prisión.

El Tribunal de Alzada, integrado por Elena Berrondo Isí, Luis Guillamondegui y Marcelo Soria, hizo lugar al recurso presentado por la fiscal de Instrucción Paola González Pinto, quien había cuestionado que se ordenara reabrir la investigación sobre el acuerdo que permitió el sobreseimiento de los imputados.

El caso surgió tras el convenio homologado por el exjuez Héctor Maidana, que extinguió la acción penal mediante una “reparación económica” de $2.000.000, pese a que algunos imputados eran reincidentes y otros carecían de medios económicos.

La Fiscalía impulsó una acción de nulidad por “cosa juzgada írrita” al detectar graves irregularidades patrimoniales y vínculos con causas por lavado de activos y estafas federales.

Sin embargo, el juez Vaccaroni, a quien el caso le tocó por sorteo, había dispuesto que la fiscalía profundizara la investigación, lo que motivó la apelación.

En un fallo contundente, la Cámara señaló que “el juez de Control de Garantías debe asumir la dirección del trámite y no remitir la causa al Ministerio Público Fiscal”, al considerar que la etapa investigativa ya estaba concluida.

“La remisión a sede fiscal carece de sustento jurídico y desnaturaliza el alcance del fallo”, advirtieron los camaristas, calificando como “forzada e infundada” la interpretación del juez Vaccaroni.
De esta manera, el tribunal ordenó que el magistrado retome el conocimiento de la causa y resuelva la nulidad del acuerdo que dejó en libertad a Camilo Carrizo, Diego Arroyo, Fernando Pacheco y Guillermo Nieva, autores del asalto del 4 de septiembre de 2024.

El pronunciamiento representa un duro revés judicial al criterio del juez Andreatta, que había sostenido la validez del acuerdo, y reaviva las chances de que los condenados vuelvan a prisión mientras se analiza la legalidad del polémico sobreseimiento.