La Fiscalía 7 ordenó operativos simultáneos por la denuncia de Galán. Peritos trabajan sobre material sensible y el apoderado del partido quedó bajo fuerte tensión judicial.
JUDICIALES 27/11/2025
DM
Un contundente movimiento policial y judicial sacudió este miércoles al Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). La Fiscalía de Instrucción N°7, dirigida por Paola González Pinto, llevó adelante allanamientos en cadena, todos autorizados por el juez Marcelo Sago, en el marco de la investigación por la denuncia del diputado electo Javier Galán por posibles delitos contra menores.
Los equipos operativos irrumpieron en distintos domicilios del Valle Central, donde secuestraron celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento, documentación y otros elementos considerados clave para la investigación. Todo quedó bajo estrictos protocolos de cadena de custodia.
La pista que sacude al MID
En el corazón del expediente aparece un nombre que detonó alarma política:
el apoderado del MID, José “Pepe” Quinteros, quien —según fuentes judiciales— figura en grado de sospecha dentro de la pesquisa. No está imputado, pero su nombre surgió con fuerza en el análisis de testimonios, mensajes y material recolectado en etapas anteriores.
La fiscalía mantiene un hermetismo extremo, aunque trascendió que varias de las medidas de hoy estuvieron directamente vinculadas a información que lo menciona de forma reiterada.
Clima de máxima tensión
Las dependencias policiales permanecieron cerradas al público mientras peritos especializados iniciaban el análisis de los equipos secuestrados, considerado material sensible que podría definir el rumbo de la causa en los próximos días.
Dentro del MID, el clima es de shock y desconcierto. La denuncia de Galán ya había generado un sismo interno, pero los allanamientos y la aparición del nombre de Quinteros bajo sospecha profundizaron la fractura.
Una causa que se mueve a ritmo acelerado
La fiscal González Pinto sostiene una investigación activa, de alto impacto y con reserva absoluta, priorizando la protección de las posibles víctimas y el resguardo de la prueba.
Fuentes consultadas anticiparon que, según los resultados periciales, no se descartan nuevas medidas, citaciones e incluso eventuales imputaciones.
El expediente, que comenzó como una denuncia política interna, hoy tomó la dimensión de un caso judicial grave que mantiene en vilo al MID y a buena parte del ámbito político provincial.
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