Carlos López Véliz La familia advierte que la demora judicial prolonga el sufrimiento y expone a la denunciante.
El expediente por el cual fue condenado el empresario gastronómico Sergio Coria, responsable de cinco hechos de abuso sexual simple, volvió a quedar atrapado en la burocracia judicial. A pesar de que el juicio terminó a comienzos de marzo de 2025 y la pena impuesta fue de cinco años de prisión, el acusado sigue en libertad debido a que la Corte de Justicia aún no resolvió el recurso de casación, presentado hace siete meses.
El caso se inició en diciembre de 2020, cuando la entonces empleada denunció los ultrajes cometidos por su jefe. Desde entonces, el proceso estuvo marcado por demoras, idas y vueltas, apelaciones y reclamos de celeridad que no fueron atendidos. La querella, representada por el abogado Carlos Rosales Vera, lleva años exigiendo movimiento y advierte que la causa “avanza a paso de tortuga mientras la víctima continúa su vida con un peso que no cesa”.
Una espera que se vuelve castigo
Para el entorno de la joven, la falta de resolución es “otra forma de violencia”.
“Se cumplieron cinco años desde que hicimos la denuncia. Cinco años de angustia, de desgaste emocional, de miedo… y este hombre sigue en libertad como si nada hubiese pasado”, expresaron.
La familia sostiene que la inacción judicial no solo genera sensación de impunidad, sino que las expone nuevamente al peligro, obligándolas a convivir con la incertidumbre y la posibilidad de un contacto no deseado con el condenado.
“Es la propia Justicia la que vuelve a victimizarla”, remarcaron.
Un fallo contundente que aún no se ejecuta
En su sentencia, el juez Javier Herrera describió el testimonio de la víctima como claro, coherente y corroborado por pruebas directas y periféricas. Señaló además que Coria abusó de su rol de empleador, aprovechando situaciones de vulnerabilidad y, en uno de los hechos, empleando violencia física.
El magistrado también cuestionó que la defensa intentara instalar estereotipos sobre el comportamiento de una “buena víctima” y destacó que no existía ningún indicio de motivación espuria por parte de la denunciante, quien incluso tuvo que exponerse en un debate oral más de cuatro años después de los hechos.
Aun así, y pese a la solidez del fallo, la condena no se ejecuta por la falta de resolución de los jueces de la Corte.
La mora judicial como forma de violencia
Organizaciones vinculadas a los derechos de las mujeres señalan que la mora judicial en causas por delitos sexuales produce un impacto directo en la salud emocional, psicológica y social de las víctimas, generando un doble daño: el cometido por el agresor y el que se origina en la falta de respuesta estatal.
En este caso, la víctima continúa viviendo con la carga del proceso, mientras el condenado transita su vida en libertad. Cada mes sin resolución profundiza esa desigualdad.
El expediente, que ya acumula cinco años, es una muestra más de un problema que se repite: la lentitud estructural de la Justicia que, lejos de proteger, termina reabriendo las heridas y poniendo en riesgo a quienes se animan a denunciar.
