Carlos López Véliz
Una grave denuncia por presunta negligencia institucional y médica sacude a un establecimiento geriátrico privado y a un centro de salud de la Capital, luego del fallecimiento de una mujer de 85 años cuya familia sostiene que existieron reiteradas fallas en su atención que podrían haber influido en su muerte.
La presentación judicial fue realizada por un familiar directo de la víctima, quien expuso una serie de situaciones que, según manifestó, reflejarían un preocupante cuadro de abandono y falta de cuidados adecuados durante la internación de la adulta mayor, quien padecía patologías preexistentes y se encontraba alojada en un geriátrico desde fines del año pasado.
De acuerdo con la denuncia, durante su estadía en la residencia la mujer habría sufrido al menos dos caídas dentro de su habitación, una de ellas con una fractura y otra con una lesión cortante en la cabeza, episodios que habrían encendido las primeras alarmas dentro de su entorno familiar.
Pero el episodio más delicado se produjo días antes de su muerte, cuando la paciente presentó un fuerte deterioro en su estado de salud. Según el relato denunciado, tras una primera asistencia médica en el geriátrico y la indicación de una medicación, la mujer habría empeorado, por lo que debió ser trasladada de urgencia a un sanatorio privado.
Allí quedó internada, aunque familiares cuestionan que no habría sido derivada a una unidad de terapia intensiva ni mantenida con soporte de oxígeno adecuado, pese a la gravedad del cuadro. Horas más tarde, cuando sus allegados regresaron para acompañarla, constataron que ya no presentaba signos vitales.
Uno de los aspectos más sensibles que ahora analiza la Justicia es la presunta admisión verbal de un profesional de salud, quien —según consta en la denuncia— habría reconocido que “fue un error” no haber dispuesto una internación de mayor complejidad.
La causa quedó formalmente radicada y se investigan posibles responsabilidades tanto del establecimiento geriátrico como del centro médico interviniente, mientras la familia exige respuestas y que se determine si existió mala praxis o abandono de persona.
El caso vuelve a poner bajo la lupa los controles sobre instituciones dedicadas al cuidado de adultos mayores y reabre el debate sobre la calidad de atención y supervisión en pacientes vulnerables.
