Carlos López Véliz
Un procedimiento realizado por la Policía en el ingreso a la ciudad de Andalgalá terminó abriendo una discusión mucho más profunda que una simple infracción administrativa. El secuestro de unos 700 kilos de leña transportados sin la documentación correspondiente despertó cuestionamientos y reacciones en distintos sectores de la comunidad, donde cientos de familias continúan dependiendo de este recurso para enfrentar el invierno.
El operativo se llevó a cabo en el puesto caminero N° 80, ubicado sobre la Ruta Provincial N° 46, cuando efectivos de la Comisaría Departamental Andalgalá detuvieron la marcha de una camioneta IKA Estanciera conducida por un hombre mayor de edad.
Durante la inspección, los uniformados constataron que el vehículo transportaba aproximadamente 700 kilos de leña sin la guía exigida por la normativa vigente. Ante esta situación, se dio intervención a personal de Flora y Fauna de la Municipalidad de Andalgalá, que realizó las actuaciones correspondientes y dispuso el secuestro de la carga.
Sin embargo, más allá de la actuación oficial, el procedimiento generó un intenso debate entre vecinos de la región, quienes remarcan que la realidad social y económica del oeste provincial obliga a muchas familias a recurrir a la leña como única alternativa para cocinar alimentos y calefaccionar sus hogares.
En una zona caracterizada por los inviernos rigurosos, las extensas distancias y las dificultades de acceso a servicios básicos, la leña continúa siendo un elemento esencial para la vida cotidiana de numerosos pobladores rurales. A ello se suma el elevado costo de otros combustibles. Según señalan vecinos, en algunas localidades una garrafa de gas de 10 kilos puede llegar a costar hasta 35 mil pesos, un valor que resulta inaccesible para muchas economías familiares.
La situación también reavivó viejos reclamos vinculados a los criterios de control sobre los recursos naturales. Mientras algunos sectores defienden la necesidad de preservar el monte nativo y combatir la explotación ilegal, otros sostienen que debería existir una mirada diferenciada para quienes utilizan la leña como medio de subsistencia y no con fines comerciales a gran escala.
En las redes sociales y en distintos ámbitos comunitarios, no faltaron las voces que plantearon la necesidad de profundizar los controles sobre emprendimientos de mayor envergadura que impactan sobre el ambiente, reclamando igualdad de criterios en la aplicación de las normativas vigentes.
Lo cierto es que el decomiso de la carga terminó exponiendo una realidad que va mucho más allá de un procedimiento policial: la de familias que enfrentan el frío, el aumento constante de los combustibles y una situación económica cada vez más compleja en el interior profundo de Catamarca.
Entre la obligación de proteger los recursos forestales y la necesidad de garantizar condiciones dignas para quienes viven en las zonas más alejadas, el debate quedó nuevamente instalado en Andalgalá.
