El exjuez Santiago Olmedo de Arzuaga fue condenado a la pena de 6 años de prisión en un fallo dictado ayer a la tarde en el Tribunal Federal de Santiago del Estero en el marco de un juicio por crímenes de lesa humanidad.
Olmedo de Arzuaga, exjuez que intervino en el segundo juicio del caso Morales, fue hallado culpable de los delitos de “omisión agravada de hacer cesar la detención ilegal” y “violación de los deberes de funcionario público”.
Junto a Olmedo de Arzuaga fueron condenados Juan Felipe Bustamante, a 12 años de prisión, Roberto Díaz Cura, a 10 años, Pedro Carlos Ledesma, 5 años y 6 meses de prisión, y a Raúl Humberto Silva, a 3 años y 2 meses. En el fallo también se absolvió a Jorge Alberto D'Amico, quien había llegado al juicio imputado por "violación de domicilio", "privación ilegítima de la libertad agravada", "tormentos" y "homicidio calificado".
 
 


 

Olmedo de Arzuaga escuchó el veredicto de manera virtual.

Los fundamentos de la condena se conocerán el 19 de abril.

El caso
La "Megacausa III" fue el primer debate por crímenes de lesa humanidad en Santiago del Estero en tener entre sus acusados a funcionarios judiciales de la última dictadura. Se juzgaron delitos de torturas, prisiones ilegales, homicidios y abusos sexuales contra 38 víctimas –14 de las cuales permanecen en condición de desaparecidas-, durante el período comprendido entre 1975 y 1983. Al finalizar el debate, y debido a las absoluciones que dictó el Tribunal, las querellas y el Ministerio Público Fiscal recurrieron a la Cámara Federal de Casación Penal. La Sala IV de la Cámara las revocó en julio de 2019 y ordenó el reenvío de la causa para una nueva sentencia.

En este proceso, la fiscala Garzón y los fiscales Carniel y Gonella requirieron que se condene al exjuez Olmedo de Arzuaga a seis años de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena por considerarlo responsable de los delitos “omisión agravada de hacer cesar una detención ilegal cuya duración fuera mayor a un mes en perjuicio de Sara Alicia Ponce, Miguel Ángel Cavallín y Gladys Estela Loys"; “omisión doblemente agravada por su duración y por el grave daño a su persona en perjuicio de Mercedes Cristina Torres" y por “abuso de autoridad”.

Para el exmilitar Jorge D'Amico solicitaron la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta por considerarlo autor de los delitos de “violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad y torturas en perjuicio de Hugo Arnaldo Vega”; y partícipe necesario del homicidio calificado de Vega.

En cuanto al expolicía Roberto Díaz se le pidió al Tribunal una condena de prisión perpetua por ser autor de la privación ilegítima de la libertad, los tormentos y el homicidio calificado de Abdala Auad. Además, se lo consideró responsable de la privación ilegítima de la libertad y los tormentos sufridos por Roberto Manuel Zamudio.

Con respecto al expolicía Pedro Carlos Ledesma, el MPF solicitó una condena de cinco años y seis meses de prisión e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena por considerarlo responsable de la privación ilegítima de la libertad de Carmen Margarita Morales.

Tanto para el policía Juan Felipe Bustamante como para el civil Raúl Humberto "Cashulo" Silva se pidió una pena de cuatro años de prisión. A Bustamante se lo consideró responsable de los delitos de “violación de domicilio” con respecto a Morales y de “privación ilegítima de la libertad”, en referencia a la situación de la misma víctima y también de Dante Barraza. A Silva, por su parte, se lo señaló también como autor de la privación ilegal de la libertad de Barraza.

Caso Morales
Olmedo de Arzuaga llegó a Catamarca en 1997 tras una convocatoria a nivel nacional del gobierno de Arnoldo Aníbal Castillo para la conformación del tribunal que debía llevar a cabo el juicio oral por el crimen de María Soledad Morales, el cual llevaba siete años revocado.

El exjuez federal santiagueño conformó el tribunal del segundo juicio junto a los camaristas locales Jorge Álvarez Morales y Edgardo Morales.

El segundo juicio por el asesinato de la joven comenzó en 1997 wn la que finalizócon la condena de Daniel Luque y Luis Tula.