El Fiscal Dallalasta se apartó de acusar a Laureano Palacios

El fiscal ante el tribunal de enjuiciamiento optó por apartarse de la causa. Hoy el Tribunal definirá si acepta o no el planteo y quién sería su reemplazo.  

DESTACADA DEL DIA 28 de febrero de 2023 Redaccion Catamarca en cana Redaccion Catamarca en cana
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  (El fiscal general Dallalasta junto al Fiscal cuestionando Laureano Palacios en el domicilio del Ministro asesinado)

 
 
 
 
 
El fiscal general y fiscal ante el Tribunal de Enjuiciamiento, Alejandro Dalla Lasta, planteó su inhibición en el jury que se está desarrollando contra el fiscal de instrucción nº2, Laureano Palacios, por su desempeño en la investigación por el asesinato del ministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas. El funcionario judicial argumentó su decisión al advertir que él tuvo "activa participación" en la investigación preliminar desarrollada por Palacios. En este marco, afirmó que en el tiempo que estuvo siguiendo la investigación por la muerte del funcionario provincial no detectó ninguna irregularidad en el proceso y que si la hubiese encontrado la habría denunciado inmediatamente ante el organismo superior directo, que es la Procuración General.
 
Con la inhibición de Dalla Lasta, el Tribunal del Jury primero debe determinar si la acepta o no y en el caso que no la rechace deberá designar a otro fiscal para que formule la acusación contra Palacios. Los fiscales de Cámara son los primeros que están en la lista para ocupar el lugar de Dalla Lasta. La reunión del Tribunal está convocada para hoy a las 12.

 

 
 
 
La presentación del fiscal general ante el Jury se conoció ayer y en ella el funcionario argumentó su negativa a formar parte del proceso al advertir que se encuentra “violentado moralmente” por “motivos graves de decoro y delicadeza que imponen la obligación de apartarse”. Concretamente, el fiscal utilizó este argumento al señalar que intervino "activa y directamente" en la investigación "con el objeto de que se procure la normal prestación del servicio de justicia en el proceso ahora cuestionado".
 
 

 
 

"Es decir actué como funcionario del Ministerio público como órgano jerárquicamente superior, brindando en tal sentido de acuerdo a la información obtenida en ese momento, una estrecha colaboración desde el punto de vista institucional y funcional en la causa en la que se encuentra denunciado el Dr. Laureano Ricardo Palacios", señaló.


 
"Esta sola circunstancia demuestra una innegable afectación al principio rector de objetividad que debo sustentar y respetar en esta causa", advirtió Dalla Lasta, quien sumó a la presentación para fundamentar su descargo varios artículos periodísticos que lo mencionan como parte de la investigación que desarrolló Palacios mientras estaba a cargo de la causa. 

 
 
Más adelante, aclaró que "independientemente de estas circunstancias, también soy testigo directo -y por ello debo ser excluido- de las manifestaciones vertidas públicamente" por Palacios en relación con el deceso del exministro "dado que en diversas oportunidades, el Dr. Palacios dijo en mi presencia que se barajan distintas hipótesis de investigación". 

 

 
Polémica por la firma

En su descargo de nueve páginas al que accedió El Ancasti, Dalla Lasta hace mención a la polémica que se generó entre el fiscal y el juez de Control de Garantías, Lucas Vaccaroni, cuando el magistrado decidió liberar a la única imputada Silvina Nieva porque Palacios no había firmado el decreto de detención.

Sobre esta cuestión, el fiscal general indicó que tuvo conocimiento de la "versión de los hechos (de Palacios) con relación a la falta de la firma". En este sentido, relató que el fiscal de instrucción le informó por escrito lo sucedido "formándose un expediente con dichos informes y oportunamente elevado al Procurador General".

En este contexto, Dalla Lasta aseguró que "todo lo manifestado evidencia que no puedo adecuar mi accionar en este proceso con un criterio objetivo en la presente causa. Es más, de haber observado una grosera irregularidad que pueda atentar gravemente con el normal desarrollo de la investigación, lo hubiera denunciado al Procurador General, circunstancia ésta que no ha sucedido".

"Dicho de otra manera, no puedo ejercer legalmente el rol acusador toda vez que tuve una participación activa y directa en virtud del cumplimiento de mi rol como Fiscal General tendiente a garantizar el servicio de justicia", añadió.

Para Dalla Lasta, "al tomar contacto -de primera mano- con la causa del homicidio del exministro y del trámite procesal realizado", resultaría "por una parte desprolijo avocarme al conocimiento y decisión en cuanto a la determinación de las conductas procesales llevadas a cabo o no por el funcionario cuestionado".

"Por otra parte infiero que mi continuidad como fiscal ante el Tribunal de Enjuiciamiento en esta causa podría poner en duda, frente a la sociedad, mi completa objetivad en el tratamiento de la cuestión puesta bajo análisis", advirtió.

Finalmente, el fiscal general argumentó que "estos motivos graves de decoro y delicadeza" lo obligan "a solicitar el apartamiento en el entendimiento de las presentes actuaciones".

"Toda vez que mis intervenciones como órgano jerárquicamente superior al Agente fiscal denunciado, permiten apreciar con meridiana claridad la existencia de lo que la doctrina y la jurisprudencia ha dado en llamar como “peligro de juzgamiento” cuyo efecto inmediato es el alejamiento de objetividad que se exige por mandato legal", consideró.

Descargo de Palacios

Semanas atrás, cuando le tocó el turno de presentar su descargo ante la acusación en su contra, Palacios cuestionó algunos incumplimientos formales en la acusación como la falta de algunas firmas y, por otra parte, que los denunciantes (legisladores nacionales y provinciales de la oposición) constituyeron domicilio en la Legislatura.

Sobre la cuestión medular de la acusación, reiteró los argumentos que planteó en diciembre del año pasado: señaló la labor deficiente de los peritos que actuaron en primera instancia y no le advirtieron que Rojas había sufrido una muerte violenta y señaló el exceso de rigorismo formal del juez de Garantías Lucas Vaccaroni, que ordenó liberar a Nieva, a quien Palacios había detenido, porque faltaban las firmas en la orden de detención.
 
 

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