Apartaron a unas de las víctimas que denunció al Intendente Guaraz.

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La fiscal Antonella Kranevitter dejó sin efecto la participación de la querella y declinó competencia.
 
  

 
 
 
 
 
La fiscal de instrucción N° 4, Antonella Kranevitter, resolvió dejar sin efecto la participación como querellantes a la denunciante y a su abogada en la causa por “abuso de autoridad” contra el intendente de Santa Rosa, Elpidio Guaraz. Kranevitter además declinó competencia y giró las actuaciones a la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública por el tipo de delito que se le endilga al jefe comunal.

 
La defensa de Guaraz, a cargo del abogado Luciano Rojas, había planteado “la falta de legitimación” de Shirly Cordero y su abogado Natalia Páez Vaca para continuar como querellantes en la causa. El fundamento de la presentación de Rojas es que el delito que se le atribuye al acusado tiene a la Administración Pública como sujeto pasivo. Según el Código Penal en su artículo 250, el abuso de autoridad ocurre “cuando el jefe o agente de la fuerza pública rehusara, omitiere o retardare sin causa justificada, la prestación de un auxilio legalmente requerido por la autoridad civil competente”. La sanción prevista es prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo.
 
Para el abogado de Guaraz de continuar como querellantes “afectaría gravemente las garantías de su representado”.
 
 

Por su parte, la abogada querellante Páez Vaca, señaló que la “ofendida” en este proceso es su cliente ya que la negativa a habilitar su local comercial fue la consecuencia de que ella no accediera a las invitaciones que Guaraz le hacía. Agregó que la imputación podría modificarse en el proceso y pidió que el intendente además de ser acusado por “abuso de autoridad” se le agregue “tentativa de abuso sexual”.

 

 
La fiscal Kranevitter hizo lugar a lo solicitado por la defensa y resolvió dejar sin efecto la participación de la querella. Además declinó competencia y giró las actuaciones al Fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, Facundo Barros Jorrat, quien tendrá a cargo la investigación por el abuso de autoridad.

La causa
La causa tiene como damnificada a Shirli Cordero, quien es dueña de un hospedaje y playa de estacionamiento en Bañado de Ovanta. La mujer denunció en junio del 2021 que tuvo trabas para lograr la habilitación para que funcione el comercio. Según Cordero, la clausura no había sido levantada porque no acepta las invitaciones y propuestas que le hace Guaraz.

Cordero, acompañada por la abogada Natalia Páez, denunció al intendente por este hecho y por acoso sexual.

Éstas no son las únicas causas contra el jefe comunal santarroseño. Una joven lo denunció por abusos sexuales. En marzo, la Cámara de Apelaciones había rechazado un planteo de la defensa en el que solicitaba que la denunciante vuelva a prestar declaración.

El expediente regresó a la Fiscalía de Instrucción N° 4. En esta causa, el intendente está imputado por “privación ilegítima de la libertad agravada” y “abuso sexual con acceso carnal”.