Una presentación judicial que sorprendió al juez Contreras.

  
 (Dra Mariana Vera quien sorprendió al juez Miguel Contreras con su presentación a favor de los ahorristas)


 
 
  
 

 
 
 
 
 
El juez federal Miguel Ángel Contreras explicó ayer que le "sorprendió" la presentación realizada por la Defensora Pública de Víctimas, Mariana Vera, en el marco de las causas que investigan millonarias estafas a través de supuestas operaciones con criptoactivos, pidiendo que el Estado pague a los damnificados que representa.

        
En diálogo con "Mañana es Hoy", por Radio Ancasti, manifestó: "La presentación me sorprendió en cierto modo, porque no se me había ocurrido que podía pasar tal cosa. Pero sucedió y estamos estudiando y vamos a resolver en las próximas horas".
 
Confirmó que a partir de la presentación se pretende avanzar "por daños y perjuicios común, como la que hay por decenas en la Provincia. Solo que esta demanda está interpuesta dentro del proceso penal, en lo que denomina 'constitución de actor civil', persiguiendo esa indemnización".
 
 

Explicó que la presentación fue realizada el viernes pasado y que con su equipo de colaboradores "debemos verificar si esa presentación es admisible o no –no si corresponde o no la indemnización, que es una discusión distinta-, sino que debemos decidir si la demanda interpuesta como actor civil resulta formalmente admisible en este proceso".

 
Sobre la situación de las causas por las criptoestafas consideró que “la causa principal es la de Adhemar Bacchiani, por el compromiso económico y la cantidad de afectados" y que "se complica la resolución para determinar la situación procesal de cada uno de los involucrados", debido a que "constantemente recibimos presentaciones, o lo que ocurrió recientemente, que hubo nuevas imputaciones", apuntando a la Fiscalía Federal.

"Todo eso atrasa porque tenemos que dictar actos procesales, llamar a indagatoria y realizar allanamientos entre otras medidas", agregó.

Indicó además que "sin perjuicio de ello, comenzamos a trabajar para resolver la situación personal de cada una de las personas imputadas para comenzar a definir su situación y la causa pueda pasar a otra fase procesal", finalizó Contreras.

"Mesa de salvataje"
El querellante Bruno Jerez consideró que es “interesante la propuesta que hizo la doctora Vera" y remarcó que "si bien no es novedosa, me parece que el Estado estaría exonerado en parte (de sus responsabilidades) porque el gobernador Raúl Jalil junto a su par riojano habían hecho una presentación ante el Estado nacional pidiendo que se investigue cómo estaban funcionando las casas que llevaban adelante la estructura piramidal de las estafas".

Aseguró que "el Estado había autorizado y estaba cobrando impuestos de eso y me parece que es una materia justiciable. La doctora debería tener asidero en la Justicia para que se dirima si existió una intervención directa o indirecta del Estado, por acción o por omisión, que lo lleve a tener alguna participación en las causas" de las criptoestafas.

En este contexto, recordó que en julio del año pasado "nosotros habíamos hecho una presentación ante el juez Contreras invocando a Ley 27372 y la acordada 4133, que corresponden a los derechos y garantías como personas víctimas del delito, solicitando la intervención del Estado".

En este sentido, remarcó que esa intervención tiene que ser "para establecer un plan de salvataje financiero para las víctimas de delito".

"La idea había sido la realización de una mesa de diálogo entre el gobierno de la Provincia de Catamarca, los abogados querellantes y los integrantes del Tribunal Federal -con su fiscalía-, para exponer los argumentos y la necesidad de la intervención estatal".

Para finalizar hizo hincapié en que "debemos recordar que todo el año pasado fue caótico para la economía catamarqueña".

La presentación de Vera generó polémica porque apunta directamente a la Municipalidad de la Capital, a la Provincia y a la Nación.

La intervención de Defensoría
De acuerdo con la información a la que pudo acceder El Ancasti, en 2022 una mujer se presentó en Fiscalía Federal y preguntó si podía pagar una representación judicial porque era víctima de estafas de una financiera.

En Fiscalía se le informó que en ese caso no se cobra por ningún servicio y la mujer explicó cómo es que había llegado a ese lugar.

Entre otras cosas comentó que ante la necesidad de asesoramiento y representación legal para recuperar lo invertido en una financiera, recurrió al abogado Bruno Jerez quien –siempre de acuerdo con sus dichos-, le pidió $20 mil aduciendo que el dinero era “para Fiscalía Federal”.

Al tratarse de una suma abultada en 2022, la mujer fue a Fiscalía, preguntó si podía pagar en cuotas y dejó expuesta a presunta trama.

En el lugar se le explicó que por su condición de víctima vulnerable tenía derecho de ser representada por la Defensoría, donde posteriormente contó con el patrocinio de Mariana Vera, quien realizó las presentaciones de rigor y se constituyó en querellante en la causa que inició la Fiscalía, en una actuación de oficio.

La denuncia de la víctima fue radicada en la Fiscalía Federal. Jerez fue imputado por “incitación a la violencia colectiva” y “defraudación con pretexto de supuesta remuneración a funcionarios públicos”.

Desde entonces la Defensoría Publica de Víctimas interviene en la causa Jerez y en varias causas contra las financieras.

Para víctimas vulnerables de delitos
El Ministerio Público de la Defensa estableció las pautas que rigen el ejercicio del patrocinio jurídico y representación en juicio de las víctimas de delitos.

Entre sus considerandos indica que para poder ejercer ese rol "se requerirá, en todos los casos, que la persona damnificada demande expresamente la actuación de la defensa pública en ese carácter y que sea, además, la persona ofendida directamente por el delito". "La Defensora Pública de Víctimas actúa a partir de la solicitud de una persona humana y no por la mera intervención decidida por el órgano jurisdiccional o el representante del Ministerio Público Fiscal.

Su actuación no es automática y necesita de una evaluación casuística que cuente con el elemento volitivo de la víctima para otorgar patrocinio".