Sospechados de asesinar a su hijo quedaron en libertad.

La Corte de Justicia resolvió el cese de prisión preventiva para una pareja imputada por “homicidio agravado por el vínculo”. Actualmente, el expediente se encuentra en la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Tercera Nominación y la próxima semana está previsto que se desarrolle el debate. Daniela González y Juan Antonio Olivera deben responder por la muerte de una beba de cuatro meses. Este hecho sucedió en abril de 2019 en Tinogasta. Desde entonces se encontraban privados de la libertad. No obstante, debido a que los plazos se encuentran vencidos, el máximo tribunal de justicia catamarqueño ordenó el cese de prisión preventiva.
Pese a la resolución, se fijaron pautas de conducta para los acusados. Entre estas medidas, todos los días deben presentarse al tribunal, donde serán juzgados a la brevedad, a efectos de firmar una planilla de antecedentes.
A finales de abril de 2019, la pequeña había sido llevada por sus padres hasta el hospital de Aimogasta, en la vecina provincia de La Rioja. Sin embargo, los médicos de este nosocomio decidieron derivarla hasta el Hospital de la Madre y el Niño, en la capital riojana.

Allí, la beba falleció. Según fuentes oficiales, al momento de ser trasladada desde Tinogasta presentaba politraumatismos de cráneo severos que le produjeron bronco aspiración y paro cardíaco. La autopsia determinó que la muerte fue por politraumatismos en el cráneo y que al momento de su internación tenía fractura de húmero y signos de muerte cerebral. Los médicos dieron intervención a la Justicia de La Rioja. En tanto que la justicia tinogasteña solicitó la extradición de la pareja, a los efectos de continuar con la investigación.

Dada esta situación, Daniela González y su pareja Antonio Olivera fueron acusados por “homicidio agravado por el vínculo”.

Actualmente, el imputado es asistido por la defensora penal oficial de Segunda Nominación, Florencia González Pinto, y la mujer cuenta con el patrocinio del abogado particular Julián Quintar.

A principios de 2020, el defensor de la acusada había solicitado la excarcelación de la madre, entre otras medidas. La Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos no hizo lugar al planteo. “Mi defendida nunca tuvo participación en el hecho”, aseguró.

El abogado defensor señaló que su clienta no tuvo participación en el hecho, ya que al momento del ataque se había marchado de la casa. "La beba fue agredida cuando estaba a cuidado de su padre. Ella estaba en el hospital por la mordedura de un perro".

Quintar realizó un relato de lo que fue la declaración de González, quien contó que cuando llegó a su vivienda la esperaba Olivera con la criatura en brazos. "Le dijo que le había estado dando leche y que se ahogó, por lo que la levantó y le dio golpes en la espalda", comentó.

Además, el abogado manifestó que González era víctima de violencia por parte de Olivera, quien ya en ocasiones anteriores habría maltratado a la pequeña hija en común.

Pese al planteo de la defensa, el Tribunal de Alzada confirmó la resolución, en primera instancia, del Juzgado de Control de Garantías de la Quinta Circunscripción Judicial.

De acuerdo con información a la que oportunamente accedió El Ancasti, del análisis efectuado se advierten dos requisitos esenciales de la prisión preventiva: presupuesto material y riesgo procesal.

Muerte dudosa

El 25 de abril de 2019, los padres habían trasladado de urgencia a la pequeña de cuatro meses al hospital de Aimogasta, La Rioja. Tras ser evaluada por los médicos del nosocomio local fue derivada al Hospital de la Madre y el Niño de la capital riojana, donde falleció.

La autopsia determinó que la muerte fue por politraumatismos en el cráneo y que al momento de su internación tenía fractura de húmero y signos de muerte cerebral. Según fuentes oficiales, al momento de ser trasladada desde Tinogasta presentaba politraumatismos de cráneo severos que le produjeron bronco aspiración y paro cardíaco.

El fiscal Jorge Luis Barros Risatti imputó a ambos padres por “homicidio agravado por el vínculo”.