Con 8 imputados dio inicio el juicio por el asesinato de Apaza.

 
 
 

 
 
 
 
En la Cámara Penal 1  inició esta mañana el debate por el crimen de Miguel Ángel Apaza, que tiene a ochos imputados en el banquillo de los acusados: José y Javier Pío Gordillo, Cristina Gausto, Ramón "Coludo" Soria, Eber Santos y Cristian Espinoza, todos ellos acusados de "homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas"; mientras que Brian Saúl Juárez y Juan Carlos Encinas, por encubrimiento.

 
Han pasada más de ocho años de aquel 7 de octubre de 2015, cuando Apaza fue ultimado de once disparos en la zona norte de esta Capital, a pocos metros del minihospital. Ahora, el fiscal Alejandro Dalla Lasta intentará demostrar la culpabilidad de los imputados ante el tribunal integrado por Fernando Esteban, Mauricio Navarro Foressi y Miguel Lozano Gilyam.
 
En la primera jornada fueron indagados los ocho acusados. Gausto declaró y negó haber participado en el hecho. Dijo que no conocía a Apaza. Por su parte Espinoza dijo haber sido amenazado por los hermanos Gordillo para que les dijera donde estaba la moto robada. Brian Juárez negó el hecho y dijo que es inocente. En tanto que Encinas se hizo cargo de la acusación en su contra.
 

El juez Fernando Esteban resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 23 que comenzará el desfile de testigos.

La causa
Apaza era oriundo de la provincia de Salta pero hace veinte años que estaba radicado en la provincia. Tenía una pollería ubicada en avenida Choya, a pocos metros de donde fue ultimado. Había sido arrestado en reiteradas oportunidades y se lo vinculaba al robo de motos en la zona norte de la ciudad. Paradójicamente el robo de una motocicleta fue el origen de la disputa cuyo desenlace fue su asesinato. Un día antes del crimen, Angélica “Kity” Gordillo sufrió el robo de su moto Honda 150 cc. El ilícito llegó a oídos de sus hermanos Javier Pío y José Daniel, quienes salieron a la calle para tratar de localizar el rodado antes de que fuera desguazado y vendido. Se adentraron en el circuito del submundo delictivo para rastrear la moto y la pista los condujo a “Puchi”. La policía y la Justicia no hicieron de intermediarios. No hubo una denuncia, no hubo una emboscada planeada por personal policial. Dentro de sus “códigos” acordaron el pago del rescate para la devolución de la moto. Según la versión de la familia Gordillo, ellos cumplieron: entregaron los 20 mil pesos pero la moto nunca apareció. Ante este incumplimiento decidieron buscar a Apaza para exigirle la entrega del rodado.

Para la familia de la víctima, quienes se vinieron de Salta para interiorizarse en la causa y constituirse en querellantes, Eber Santos, el dueño de un taller de motos había sido el que había “entregado” a Apaza. Santos fue detenido y su comercio quedó reducido a cenizas tras un incendio intencional. Pero los ataques no cesaron ahí ya que también prendieron fuego la casa de uno de los hermanos Gordillo, en el asentamiento Papa Francisco. Dentro de ese contexto de tensión apareció sorpresivamente la moto de “Kity” en la vereda de la esquina de Maipú y Chacabuco.

La causa pasó por tres fiscales de instrucción. Juan Pablo Morales fue quien estuvo al frente de la causa hasta el 2016, cuando asumió como juez en la Cámara de Apelaciones. Luego estuvieron Luis Baracat y Myrian López, quien fue la que finalizó la investigación y pidió la elevación a juicio a fines de agosto de 2019.

Morales ordenó la detención de los hermanos José y Javier Pío Gordillo, quienes estuvieron prófugos y se entregaron veinte días después del crimen. Llegaron a Fiscalía caminando junto a su hermana Kity y quedaron detenidos. Para la pesquisa, encabezada por personal de la División Homicidios, el día del crimen, además de los hermanos, iban en las motos Cristian Gausto y Ramón “Coludo” Soria. Luego fueron detenidos Santos y Cristian Espinoza. Para la Fiscalía los seis están imputados por homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas". Los Gordillo, Soria y Gausto son considerados coautores, en tanto que Santos y Espinoza son “partícipes necesarios. Por su parte, Brian Saúl Juárez y Juan Carlos Encinas están acusados de encubrimiento. El primero porque habría escondido las armas y el otro, por pretender cobrar el rescate de la moto robada.